Expertos proponen relanzar reforma de justicia para combatir corrupción y violencia

Expertos propusieron para combatir la corrupción y la violencia en el país, relanzar la reforma de justicia penal que inició en el 2016; intervenir las fiscalías; desarticular las redes de “macro criminalidad” entre autoridades y delincuentes; concluir paulatinamente con la militarización de la seguridad pública y privilegiar la construcción de policías confiables.

El Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana llevó a cabo el conversatorio “¿Cómo enfrentar la impunidad y la violencia en México?”. Las ponencias iniciaron con una condena por parte de Alejandro Anaya Vázquez, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana, de los asesinatos ocurridos la semana pasada en contra de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.

En el auditorio Scheifler y de Amézaga de dicha universidad, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, resaltó que uno de los factores que contribuye a la inseguridad y la impunidad en México es que los tres niveles de gobierno abandonaron la correcta implementación de la reforma de justicia penal que entró en vigor en junio del 2016.

Dijo que se pensó que era una reforma de jueces y magistrados, pero se le dio muy poca atención a la formación y capacitación de los policías, ministerios públicos, forenses y técnicos; “es una reforma que sigue rota”, sostuvo.

Consideró que incluso el actual gobierno federal desarticuló la función policiaca y ponderó “un trabajo de militarización que no tiene ningún sentido”. Añadió que la Secretaría de Gobernación, encargada de la implementación, no ha dado un seguimiento.

“Esto ha profundizado mayormente la impunidad. No se ha sabido qué hacer con esta reforma ni un diagnóstico sobre posibles cambios. Esto esta produciendo enormes niveles de impunidad de alrededor de 95 y %6%”, dijo, de acuerdo con la organización México Evalúa.

Afirmó que la idea de aplicar el derecho no es un mal en sí mismo, ni un ejercicio de dominación como lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que es incorrecto que el derecho sea sólo para los ricos y en contra de los pobres. El ministro en retiro alertó que el sistema nacional de seguridad está vacío, porque no se sabe cuáles son los presupuestos y las cadenas de mando.

En tanto, Ana Lorena Delgadillo de la Fundación para la Justicia, consideró que el mensaje presidencial de “abrazos no balazos” es un dicho muy simplista de la realidad que ocurre con la violencia. Planteó que eso no quiere decir que se extrañen las políticas de enfrentamientos que se vivieron en sexenios pasados, sino que el Estado debe ejercer la fuerza que tiene para contener la violencia. Añadió que el Fiscal General de la República no debe estar abocado a atender asuntos personales, sino en cómo garantizar que los asuntos se judicialicen y se haga justicia.

Indicó que ya está documentado que en algunas regiones del país hay un control regional por parte de grupos armados que provocan desplazamiento forzado de personas, realizan cobro de piso, despojan propiedades, amenazan a habitantes, amagan a periodistas, e incluso tienen el control de autoridades de gobierno. Afirmó que hay miedo en muchas comunidades que están prácticamente desprotegidas.

Por ello estimó que no existe una política real contra la inseguridad. “Hay que combatir la corrupción, y no sólo en el discurso. Las procuradurías están llenas de corrupción, y en el poder judicial, es una tortura ir a denuncias un acto ilegal”, refirió.

Alertó que hay que ver las fiscalías porque son el principal problema de la corrupción y la impunidad.

Por su parte, Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, indicó que mientras en diciembre del 2006 había 45,000 elementos del Ejército y Marina desplazados contra la delincuencia en el país, actualmente la cifra es de 214,000, lo que demuestra la militarización de la seguridad pública. Aseguró que, además, la salida del Ejército tiene relación con el aumento de homicidios y desapariciones. Consideró inaceptable que en un solo día haya hasta 145 homicidios.

“Se trata de una estrategia que no solo aumenta la violencia en los municipios, sino también pulveriza la violencia de los grupos y cárteles de la delincuencia”, comentó.

Por su parte, Luis Daniel Vázquez, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se refirió a la existencia de estructuras criminales y políticas en el país. Aseveró que los gobiernos y fiscalías han sido omisos en investigar las redes de “macro criminalidad” que involucra a empresas fantasma, políticos y delincuentes.

jorge.monroy@eleconomista.mx

rrg