Expertos: violencia en Chiapas, al alza desde hace 3 años

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, expresó, el pasado viernes 2 de agosto, dijo que trabajará para pacificar la zona de La Concordia, especialistas consideraron que los niveles de violencia, en algunos puntos la entidad, se han incrementado exponencialmente en los últimos tres años, lo que ha provocado que personas huyan hacia Guatemala con la esperanza de buscar seguridad.

“No me ha gustado, se los digo, lo que ha estado pasando últimamente; ya estamos interviniendo. Hay que hacer valer el nombre del municipio, La Concordia, hay que ir al camino de la justicia por la paz, por la tranquilidad, el transformar por el camino de la concordia. Entonces, tenemos que buscar la unidad de nuestros pueblos”, dijo el mandatario durante la inauguración del puente La Concordia.

Por otro lado, el pasado viernes, en una reunión entre autoridades de México y Guatemala, se acordó realizar acciones conjuntas de asistencia humanitaria y consular a personas mexicanas en Cuilco, Huehuetenango.

“En materia de seguridad, los dos países acordaron realizar operaciones coincidentes, tanto terrestres como aéreas, en ambos lados de la frontera, mantener mecanismos de comunicación permanentes y convocar a finales de agosto a una reunión de alto nivel del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (Ganseg)”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Mientras que, el pasado jueves, 1 de agosto, durante la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, indicó que, aunque las autoridades mexicanas han ofrecido a las personas, que huyeron hacia Guatemala, ser trasladados a un albergue en Tapachula, Chiapas, la mayoría ha optado por quedarse en Guatemala, donde se sienten más seguros y cerca de sus tierras.

“(Guatemala) le entregó certificado de permanencia humanitaria a 207 mexicanos por 30 días. Ellos pueden trabajar en la zona, etcétera. Y esperamos que se pueda regresar a la seguridad en Amatenango y ellos ya puedan volver a sus comunidades, qué es lo que más quieren, ellos, desean volver”, explicó Bárcena Ibarra a medios de comunicación.

También, detalló que, desde el 23 de julio, un grupo inicial de 400 personas de Amatenango de la Frontera cruzó la frontera hacia Guatemala, estableciéndose en el municipio de Cuilco, en Huehuetenango.

Además, indicó que una de las mayores preocupaciones de las familias es que, aparentemente, dos bandas criminales han empezado a reclutar “jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, y por lo tanto por eso han cruzado”.

Inseguridad y abandono de comunidades

Jorge García, integrante de la organización Voces Mesoamericanas y miembro del Grupo de Trabajo Región Frontera, indicó que la violencia no solo se ha limitado a los municipios más conocidos como Chicomuselo y Comalapa, sino que también ha afectado otras localidades como Chichamic, en el municipio de Trinitaria.

“Yo creo que este ha sido un patrón sistemático que se ha venido dando y es el incremento sostenido que ha llevado, digamos, a que los daños sean más evidentes con el tiempo. Frente a esto, la tónica del gobierno ha sido la invisibilización, salvo casos que han sido muy evidentes y pues menciona que tienen conocimiento, pero no actúan”, denunció el experto.

En cuanto a la decisión de las personas de trasladarse a Guatemala, el miembro de Voces Mesoamericanas explicó que “las personas quieren resguardar su vida y quieren que haya una respuesta por parte del gobierno mexicano en términos de dignidad”.

“Creo que estas personas están actuando de la mejor manera, están teniendo, digamos, decisiones muy pensadas y dentro de estos razonamientos que están teniendo por proteger su vida, estar atentos a sus hogares, pues han rechazado esta oferta (regresar a albergues en Tapachula), que me parece que ha sido bastante desafortunada”, opinó Jorge García.

Desde su perspectiva, las autoridades guatemaltecas han tomado medidas para asegurar la frontera, trasladando al ejército a estas zonas, lo que contrasta con la tardía y a menudo ineficaz respuesta del ejército y la Guardia Nacional en el lado mexicano, pues expresó que ha sido insuficiente para detener la violencia y proteger a las comunidades locales.

Mientras que, Adrián Rincón, abogado del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, mencionó que la región enfrenta un problema severo de inseguridad, con comunidades completamente abandonadas por las autoridades.

“No hay a veces energía eléctrica, línea telefónica, bancos, gasolina, los víveres, las tiendas ya cerraron”, explicó.

Aseguró que esta falta de servicios básicos ha llevado a las personas a buscar opciones fuera de sus hogares, ya que no pueden adquirir alimentos ni otros bienes esenciales.

Llegan operativos, según el gobierno, pero no más están un rato y se van, no detienen a nadie, no persiguen a nadie, la delincuente se vuelve a quedar, entonces está muy difícil la situación, no sé qué decisiones vaya a tomar las personas, si va a regresar a luchar, pero está muy peligrosa la situación en nuestra zona”, aseguró el especialista.

En cuanto a la decisión de las personas de estar en Guatemala, explicó que podría deberse a que esas comunidades tienen una cultura de apoyo y compartimiento, lo que facilita que los desplazados reciban ayuda y abrigo.

Adrián Rincón enfatizó la necesidad de que el gobierno mexicano reconozca la gravedad de la situación y actúe con estrategias de inteligencia para identificar y detener a los responsables de la violencia.

arturo.rojas@eleconomista.mx