Extinción de SESNA debilitaría participación de ciudadanos en ese entramado de Estado contra la corrupción: Alatorre Flores

Si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador de extinguir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), se debilitaría la participación de los ciudadanos en las acciones de Estado para atacar la corrupción y se otorgaría a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un peso mayor al que le corresponde en ese entramado institucional, planteo Jorge Alberto Alatorre Flores.

En el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) hay una importante participación ciudadana, la cual converge con los diferentes integrantes del sistema en la Comisión Ejecutiva (SE), donde se trabajan los insumos que se ponen a disposición del Comité Coordinador (CC), que es la más alta instancia de unión de fuerzas del sistema

En entrevista, el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador (CC) y, por lo tanto, del Sistema Nacional Anticorrupción explicó que sin la SESNA, los ciudadanos que participan en el sistema (a través del Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva) se verían en una situación compleja para poder contribuir en igualdad de condiciones con los otros integrantes del CC que tienen no solo más estructura, presupuesto, sino peso político y una perspectiva  en función del ámbito del cual provienen, por ejemplo la Secretaría de la Función Pública, del  gobierno federal, o el Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial.

“La Secretaría Ejecutiva proporciona la posibilidad de que en un lugar de igualdad de condiciones contrastemos los diferentes puntos de vista de todas estas instituciones y en un ambiente de intercambio logremos acordar cosas en común como la Política Nacional Anticorrupción o el diseño e implementación de métricas específicas en materia de corrupción. En el momento que te lleves este lugar de convergencia a uno de los poderes desbalanceas la mesa, haces que una silla sea más pesada que las demás y ya no es una mesa de iguales”.

Alatorre Flores recalcó que el tramo de control que le corresponde a la Secretaría de la Función Pública es solo uno de siete o uno entre todos los demás actores del sistema.

A manera de ejemplo de lo que ocurriría si se concreta la propuesta de extinguir la SESNA, mencionó que pasaría a control de la SFP la Plataforma Digital Nacional, la cual contiene declaraciones patrimoniales de personas servidoras públicas de todo el país, información de contrataciones gubernamentales y los datos de quienes participan en esos procedimientos, así como funcionarios y particulares sancionados por la comisión de faltas administrativas.

Sin eso ocurre, entonces, todos los demás participantes seguramente cuestionarán si en esas manos habrá condiciones de imparcialidad y de protección de toda esa información delicada y si habrá disposición a entregar ese tipo de datos personales.

De acuerdo con la iniciativa, que deberá ser discutida en comisiones y, en su caso ponerse a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, se pretende la fusión, integración o extinción de al menos 16 órganos desconcentrados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado.

En el caso concreto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción la intención es extinguirla y sus funciones, presupuesto (de 123 millones 197,179 pesos) y sus 75 empleados, transferirlos a una unidad administrativa de la SFP. No se prevén ahorros.

Para el funcionario, realizar eso constituye ir en contra del espíritu del SNA que es el espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El SNA cuenta con un Comité Coordinador integrado por la SFP y la Fiscalía Anticorrupción (del poder Ejecutivo); la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (del Poder Legislativo); el Consejo de la Judicatura Federal (del Poder Judicial); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (organismos constitucionalmente autónomos) y el Comité de Participación Ciudadana.

El Comité Coordinador cuenta con el SESNA que es el único organismo de apoyo técnico dedicado 100% al SNA que es un entramado interinstitucional, propone políticas públicas, diseña metodologías de evaluación y administra la Plataforma Digital Nacional.

Es una institución de Estado, técnica y neutral

Jorge Alberto Alatorre Flores recalcó que la SESNA es una institución de Estado, técnica y neutral a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y organismos autónomos representados en ese entramado institucional, la cual debe permanecer.

Asimismo, rechazó que la SESNA incurra en duplicidad de funciones con la Secretaría de la Función Pública, tal como lo afirma la exposición de motivos de la iniciativa en materia de simplificación orgánica enviada por el jefe del Ejecutivo federal, el pasado 12 de abril a la Cámara de Diputados.

La iniciativa considera que con la extinción de la SESNA no se modificaría la naturaleza ni facultades del SNA. Sin embargo, Alatorre Flores aseguró que sí ocurriría porque como funciona ahora el Sistema Nacional Anticorrupción es un esfuerzo de Estado donde convergen los tres poderes de la Unión y lo que ahí se determina tiene consecuencias para los tres niveles de gobierno, es decir el federal, estatal y municipal.

Al mandar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a la SFP se crearía un conflicto porque esa secretaría no puede traspasar las potestades o los terrenos ni de otros poderes ni de otros niveles de gobierno.

“No puede sustituir el lugar de encuentro, de diseño de políticas públicas” que realiza la SESNA, que atañe a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno.

El presidente del Sistema Nacional Anticorrupción dijo que de aprobarse esta propuesta en el Congreso, se trastoca el espíritu del organismo.

En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción planteó que poner en entredicho la existencia de esa instancia es una acción que, en los hechos, acabaría con el SNA y homólogos en los estados. “Se comprometería, por lo tanto, el Pacto Federal y se debilitaría considerablemente un federalismo anticorrupción.

Además, consideró que, de aprobarse la iniciativa, lo cual supone la modificación de la Ley General del SNA, tendría un efecto dominó sobre las leyes secundarias que materializan el artículo 113 constitucional.

Alatorre Flores destacó que la SESNA provee un apoyo invaluable a las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción, con lo cual se produce un intercambio de experiencias, ideas y políticas en el combate a la corrupción. Les proporciona asistencia técnica y les avisa sobre los pasos que se dan a escala nacional para apoyarlos en su trabajo.

Dijo que, si bien podría haber recursos legales para defender a la SESNA, la apuesta hoy es mostrar los argumentos ante los legisladores y esperar que la discusión se haga con ecuanimidad y sin prisas.

diego.badillo@eleconomista.mx

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