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Extinción de dominio para casos de corrupción
PRI y el gobierno federal aceptaron los puntos de disenso del PAN y el PRD; uno de ellos, el nombramiento del titular de la ASF.
El nuevo sistema nacional para combatir la corrupción en México, cuya creación aprobará mañana el pleno de la Cámara de Diputados como parte del paquete de reformas a la Constitución pendientes en la materia, se sustentará en la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que tendrá mayores facultades; el nuevo tribunal de justicia administrativa (TJA), la actual Fiscalía Anticorrupción y la rediseñada Secretaría de la Función Pública (SFP).
Tras la aceptación del PRI y del gobierno federal de los dos puntos fundamentales de disenso, que el PAN y el PRD impulsaron de manera conjunta para que el titular de la SFP sea propuesto por el presidente de la República y ratificado por la Cámara de Senadores, y que la ASF pueda atraer la fiscalización de los recursos transferidos, la negociación de meses, que se intensificó durante los últimos días y a punto estuvo de descarrilarse, se destrabó de súbito.
El acuerdo en lo general, alcanzado de última hora por los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Ricardo Anaya Cortés y Miguel Alonso Raya, respectivamente, incluye además la incorporación de la figura de extinción de dominio para casos de corrupción.
También, la ampliación a siete años del periodo de prescripción de los actos o faltas administrativas; la Constitución prevé dicha prescripción a los tres años.
La construcción de este sistema nacional anticorrupción debe funcionar y darle resultados a la sociedad en su conjunto. A los mexicanos en general , afirmó el priísta.
En tanto que Anaya calificó de histórico para México el acuerdo alcanzado.
Por el PRD, Alonso Raya explicó que los esfuerzos realizados entre los representantes de las tres principales fuerzas políticas del país y el gobierno federal por acercar posiciones permitirán dar viabilidad a las instituciones básicas del referido sistema anticorrupción.
La ASF podrá auditar también el ejercicio fiscal en curso y los ejercicios fiscales anteriores, en tiempo real, a partir de denuncias de actos graves, además de que iniciará el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública desde el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, porque se eliminarán los principios de anualidad y posterioridad vigentes.
Entre los cambios a la Constitución que contendrá el dictamen, que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobará y enviará de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara Baja para su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria del pleno cameral de mañana, destaca también que la ASF podrá auditar los fondos y fideicomisos públicos y privados que ejerzan recursos públicos.
Así como iniciar procedimientos por actos o faltas graves ante el TJA y denunciar ante la fiscalía especializada de combate a la corrupción, que depende de la nueva Fiscalía General de la República (FGR), los delitos que detecte producto de sus investigaciones.
En casos de corrupción, dicha fiscalía someterá averiguaciones a consideración de los jueces penales.
El nuevo TJA será un órgano imparcial y autónomo en sus resoluciones, que impondrá sanciones por faltas o actos graves, integrado por magistrados ratificados por la Cámara de Senadores por periodos predeterminados y con candados en su remoción; sancionará a servidores públicos y particulares.
La reforma constitucional en ciernes establecerá también que procederá la figura de extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito e inexplicable, y que se castigará el conflicto de interés de los servidores públicos, incluido el presidente de la República.
Aspectos del Sistema Nacional Anticorrupción:
1.- Fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF):
- Podrá recurrir las determinaciones de la fiscalía anti-corrupción y del tribunal de justicia administrativa.
- Contará con la colaboración y auxilio de autoridades de todos los niveles de gobierno.
- Presentará informes individuales públicos de auditorías.
2.- Nuevo tribunal de justicia administrativa (TJA)
3.- Nueva fiscalía anticorrupción
4.- Rediseño de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
5.- Se facultará al Congreso para expedir la ley general para el combate a la corrupción, y la ley general de responsabilidades administrativas.
6.- Eliminación del principio de secrecía para las investigaciones del sistema nacional anticorrupción.
7.- Las entidades federativas estarán obligadas a crear sistemas locales de combate a la corrupción, que se coordinarán con el sistema nacional.
8.- Se creará un comité de participación ciudadana, que contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
9.- Todos los funcionarios públicos, de los tres órdenes de gobierno y poderes de la Unión, estarán obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses.
10.- Incorporación de la figura de extinción de dominio para casos de corrupción.
