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Extradición, proceso que implica tiempo
Experto considera que para Duarte, que no contaba con papeles en regla en Guatemala, habría sido más pertinente solicitar la deportación.
Los procesos de extradición, como los que enfrentan los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge, y de Veracruz, Javier Duarte, demandan más tiempo que una deportación, debido a la estrategia diplomática y judicial que implica, explica el abogado e internacionalista, Jorge Alberto Lara Rivera.
En días pasados, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que la extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, podría tardar entre seis y 12 meses, una vez que México presente la solicitud formal ante las autoridades de Panamá.
Borge, detenido en Panamá, es acusado de vender terrenos del Caribe a sus allegados a menos de 1% del valor de mercado.
En tanto, el gobierno de México confirmó la presentación a Guatemala de la solicitud formal de extradición de Javier Duarte de Ochoa, quien es acusado por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Esta acción ocurrió a casi dos meses de su captura.
Al respecto, Jorge Alberto Lara, quien fue funcionario de esta área del Ministerio Público Federal, opina que las decisiones estratégicas de la PGR, sobre el proceso de Duarte, quien no contaba con sus papeles en regla, hubieran sido de mayor pertinencia de haber conseguido trámites de deportación.
El especialista argumenta que la extradición debe entenderse como una de las vías para que una jurisdicción reclame a una persona que ha cometido un delito en otro territorio. Las deportaciones, en cambio, son mucho más ágiles al no implicar la revisión sustantiva de las causas probables.
Cuando un país solicita a otro la extradición de una persona, el requerido tiene derecho de alegar que no se ubica en las causales de extradición y eso forzosamente llega a la instancia judicial.
Por otro lado, Lara Rivera señala la necesidad de actuar con prontitud ante los primeros indicios de malas prácticas. Hay que hacer un llamado de atención a las autoridades (...) para que no estemos luego cazando gobernadores en fuga, sino que en el momento que hagan estropicios, ponerles el alto .
