FGR reabre investigación contra familia Beltrones por movimientos de 10.4 millones de dólares en Andorra

Sylvana Beltrones, actualmente senadora de la República e hija del exsenador priista Manlio Fabio Beltrones, así como dos personas más, son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la reactivación de una indagatoria (2015-2018) que los involucra con supuestos depósitos millonarios (10.4 millones de dólares) en Andorra, informó el diario español El País.

Según el rotativo, la jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la senadora Sylvana Beltrones, a su madre, y a Manlio Fabio Beltrones, por una presunta operación de lavado de dinero conocida como Operación Sonora. La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre, pero el caso no fue conocido públicamente en México, salvo por la entonces Procuraduría General de la República.

En 2018, según El País, la PGR —durante el gobierno de Enrique Peña Nieto— elaboró un informe de no ejercicio de la acción penal sobre los investigados, incluido Luis Alejandro Capdevielle, asesor de Beltrones, por considerar que los delitos financieros estaban prescritos.

“Tras el archivo de este caso en Andorra, la fiscalía mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, abrió una investigación por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, según confirman fuentes de la fiscalía”, dijo El País.

La investigación de la FGR gira, según el diario español, en torno a que la senadora Sylvana Beltrones ingresó entre 2009 y 2010 —cuando su padre era coordinador del PRI en el Senado de la República— un total de 10.4 millones dólares en Andorra, un país que protege el secreto bancario. También es por una cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.

“Una de las primeras diligencias de la fiscalía mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana Beltrones, de su madre y de Capdevielle mediante el envío de una comisión rogatoria (procedimiento de colaboración judicial entre países). En un intento de impedirlo, Capdevielle presentó una petición de amparo ante una juez mexicana que aceptó parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya habían sido juzgados y archivados”, explicó El País.

Según el medio español, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la entonces PGR usó el no ejercicio de la acción penal para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado Juan Collado, actualmente preso, “que movió 120 millones de dólares en el Principado”.

El País consultó al priista Manlio Beltrones, quien comentó sobre esta situación: “tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político. (…) Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”, dijo el exsenador.

Manlio Fabio Beltrones refuta 

La tarde de este miércoles, el priista publicó en su cuenta de Twitter una carta para responder a la publicación del diario español, en la cual niega estar involucrado en alguna investigación en Andorra.

"Mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra. Jamás he depositado, transferido o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos.

"No existe elemento objetivo alguno que permita a las autoridades andorranas involucrarnos en investigación alguna. Deben tener claro que México es un país de leyes, con instituciones sólidas a las que el sistema democrático les ha permitido consolidarse como garantes de los derechos humanos de los ciudadanos".