Fiscalía anticorrupción judicializa 1.3% de los casos

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGR reportó que acumula en los últimos tres años 1,688 carpetas de investigación por posibles delitos cometidos por servidores públicos, principalmente peculado. Sin embargo, de ese número, únicamente ha podido judicializar 22 carpetas (1.3% del total).

Algunos de los personajes políticos procesados al momento por delitos de corrupción son el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; la extitular de Sedesol, Rosario Robles; integrantes del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México por posibles actos de corrupción en la absolución de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, entre otros.  

Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que “una fiscalía no se mide por cuántas carpetas de investigación abre, sino por cuántos casos judicializa. Si eso no se traduce en sentencias condenatorias, de nada sirven las investigaciones”.

Denunciantes

En un informe al Senado, la FGR mencionó que las entidades denunciantes ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción han sido la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de Yucatán, el SAT, Pemex, ISSSTE, la SEP, el IMSS, la Sedatu, el gobierno de Puebla, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Cancerología. 

Destacó que en 80.85% de las 1,688 carpetas de investigación se denunciaron a funcionarios públicos; 8.99% a particulares; 2.33% a empresas 1.92% a trabajadores de un organismo particular; y 1.08% a miembros de sindicatos u organizaciones sociales.

Por otro lado, entre los principales delitos imputados en carpetas en trámite del 2019 al 2021 destaca peculado con 390; uso ilícito de atribuciones (218); ejercicio indebido del servicio público (200); enriquecimiento ilícito (102) y cohecho con 76.

Mencionó que hasta marzo había realizado 662 determinaciones sobre esas 1,688 carpetas de investigación, siendo 38 abstenciones de investigación; 123 acumulaciones; 275 declaraciones de incompetencia; un criterio de oportunidad; 22 judicializaciones; ocho mecanismos de solución alternativa y 195 declaraciones de no ejercicio de la acción penal.

“Debe resaltarse que en el caso de las carpetas de investigación que se remitieron a los mecanismos alternativos de solución de controversias se recuperaron poco más de 2 millones 747.223 pesos a partir de acuerdos reparatorios”, dijo.

Combate, con lentitud

El experto en Derecho de la UNAM, César Astudillo, opinó que en el combate a la corrupción se pueden observar dos velocidades: “una creciente y a buen ritmo de la Unidad de Inteligencia Financiera y otra velocidad a veces lenta, compleja, que no toma la velocidad debida de la FGR”. Consideró que la UIF inicia investigaciones por corrupción y pasa mucho tiempo para que la FGR inicie la indagatoria o no logra integrar la carpeta.

Astudillo mencionó que “el fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero) tiene poco interés en el combate a la corrupción, porque sé que no le ha dado los recursos humanos y financieros a la fiscalía especializada, necesarios para que pueda desempeñarse con eficacia”.

Por su parte, el experto del CIDE expuso que ya hubo acusaciones muy graves de corrupción al inicio de la FGR como el caso Lozoya, pero aún no se ven los grandes logros sobre ello. “Se ve una fiscalía preocupada por asuntos personales del fiscal, es el caso de los 31 académicos”, dijo.

Añadió que "la FGR tendría que enderezar entuertos, mostrando con hechos que es autónoma y que no le rinde cuentas a actores políticos”.

jorge.monroy@eleconomista.mx