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Política

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Fiscalía de la Ciudad de México no impidió la detención de Javier Corral: Ulises Lara

Ulises Lara, encargado de despacho de la dependencia, aseguró que la aprehensión de una persona sin las formalidades legales constituye privación ilegal de la libertad.

Fiscalía de la Ciudad de México no impidió la detención de Javier Corral: Ulises Lara

El encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara negó haber impedido anoche la detención de Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua y acusado de peculado, en un restaurante capitalino por agentes ministeriales de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

En un mensaje virtual a medios de comunicación, aclaró que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate, como equivocada y dolosamente se ha señalado. "Cumplimos estrictamente la ley, como nos fue conferido".

"La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención y una probable acción penal en contra de los agentes ministeriales de Chihuahua", afirmó.

Desde la perspectiva del funcionario capitalino, “violentando los derechos humanos de una persona y en contravención a lo previsto en la ley, agentes ministeriales de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua buscaron ilegalmente llevar a cabo una diligencia de ejecución de un mandamiento judicial’’.

Aseguró que el oficio de las autoridades de Chihuahua sobre la diligencia contra Corral Jurado fue recibido en la fiscalía capitalina minutos antes de ejecutarla.

"Es importante mencionar que el oficio citado fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales a las 20:16 horas, es decir sólo unos minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial por lo que aún se encontraba en proceso de atención sin una respuesta oficial".

Lara detalló que anoche recibió una llamada telefónica de integrantes del equipo del exmandatario chihuahuense "en la que me denunciaban que al encontrarse en un restaurante de la CDMX, personas armadas que dijeron ser elementos de la policía de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de aquel estado ingresaron al establecimiento con la finalidad de privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial".

Decidió acudir al lugar, dijo, a “corroborar con el jefe general de Policía de investigación’’ de la FJG capitalina “si agentes nuestros acompañaban dicha diligencia.

"Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución, los artículos 74, 75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la fracción V de la cláusula XII del Convenio de Colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la república, la Procuraduría General de Justicia Militar y las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas, publicado en el DOF el 23 de noviembre de 2012, marco legal y vigente que establece las normas y formalidades esenciales del procedimiento que se deben observar para la colaboración en cumplimiento a mandamientos judiciales".

Al llegar al sitio, amplió, pudo confirmar que, sin la presencia de policías de investigación de la CDMX, quienes arribaron después de él, "se buscaba llevar a cabo la diligencia al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, mismo que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la CDMX lleva a cabo para su atención conforme a los plazos establecidos en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los acuerdos de colaboración en la materia".

"Por lo tanto, y por propia voluntad, el señor Javier Corral decidió acompañarme con la finalidad de aclarar su situación jurídica a las oficinas de esta institución en donde se retiró por propio pie al no contar esta Fiscalía con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención", precisó.

rolando.ramos@eleconomista.mx

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