Funcionarios de Topo Chico, detenidos por homicidio

El gobierno de Nuevo León detuvo a tres funcionarios del penal de Topo Chico acusados de poner a disposición de los Zetas el control del penal y con ello haber propiciado la riña del jueves, en la que murieron 49 reos.

Roberto Flores, procurador de Nuevo León, informó la detención de quien fuera la directora del penal de Topo Chico, Gregoria Salazar Robles; Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, quien era subcomisario de Administración Penitenciaria, y el custodio José Reyes Hernández Aguilar, quienes enfrentan los cargos de homicidio calificado y abuso de autoridad por la riña del jueves.

Salazar Robles fue designada como directora del penal el 28 de marzo del 2012, todavía en el gobierno del priista Rodrigo Medina.

Según el gobierno estatal, dichos funcionarios fueron corresponsables del ingreso de drogas al penal, de permitir diversas modalidades de autogobierno y omitir todo tipo de medidas de seguridad, para permitirles operar libremente.

Este domingo, el gobierno de Nuevo León indicó que se terminó con el cobro de piso, el tráfico de drogas y los privilegios en el penal del Topo Chico.

Afirmó que la Fuerza Civil asumió el control total del centro penitenciario, y puso fin al autogobierno que ejercían líderes del crimen organizado en complicidad con algunas autoridades.

Celdas de lujo equipadas con salas, minisplits, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios y baños sauna fueron desmantelados por la corporación estatal , refirió el gobierno del estado.

El gobierno estatal reportó que fueron retirados 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar que eran operados por los Zetas al interior de Topo Chico, donde se vendían productos con un sobreprecio de hasta 120 por ciento. También fueron retirados muebles, aparatos electrodomésticos y colchones de las celdas.

Ellos (los internos) nos piden que cese eso, estamos dando esa garantía, ahorita ya tenemos el control con Fuerza Civil para evitar que esos vicios se vuelvan a suscitar , dijo el secretario de Seguridad local, Cuauhtémoc Antúnez.

Afirmó que 3,019 familiares de internos, incluidos niños y adultos mayores, pudieron ya el fin de semana ingresar al penal de manera regular para visitar a sus familiares.

El gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón informó que instalará este lunes mesas de asistencia jurídica en el penal para revisar cada uno de los casos de los internos, muchos de los cuales no han recibido sentencia.

También precisó que en total, 233 reos, incluidos Jorge Iván Hernández Cantú, alias el Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias el Z-27, quienes fueron los responsables de la riña del jueves, fueron reubicados en penales federales.

En el caso de Saldívar Farías, fue trasladado al Cefereso No. 2, en El Salto, Jalisco, y Hernández Cantú fue internado en el Cefereso No. 12, en Ocampo, Guanajuato.

El procurador Roberto Flores informó que fueron entregados a sus familias 40 cuerpos identificados.

De los cinco cuerpos calcinados se logró identificar a Morgan Jesús Rosales Villeda, José Juan Salazar Leija y Angelino Sánchez Jaramillo. También a Ricardo de Jesús Espinoza Beltrán y Roberto de Jesús Martínez Govea, cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Falta identificar cuatro cuerpos.

Las dos últimas personas no están en la lista oficial de reos, por lo que la procuraduría estatal inició una carpeta de investigación; por la muerte de los 49 reos se iniciaron siete investigaciones. Al frente del penal quedó Antonio Caballero.

Penal, con los lujos de un spa

Tras el conflicto registrado el jueves pasado en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, las autoridades estatales tomaron el control de la prisión, encontrando riquezas como:

• Celdas de lujo equipadas con salas, pantallas y televisión digital
• Acuarios y baños tipo sauna
• 280 puestos semifijos de alimentos y abarrotes
• Un bar que junto con los puestos era operado por el crimen organizado dentro del penal
• Muebles, aparatos electrodomésticos y colchones.
• Cientos de altares a la Santa Muerte.

EL DATO

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mariana Gómez del Campo, solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a las secretarías de Gobierno de las entidades federativas que busquen alternativas para erradicar las graves violaciones a los derechos humanos en los reclusorios.

Tras la riña en el penal de Topo Chico, Nuevo León, la legisladora panista propuso en un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remita al Senado un informe sobre el nivel de cumplimiento de las autoridades federales y locales sobre las recomendaciones que ha hecho al sistema penitenciario.

Recordó que la CNDH precisó que en el 2014 ocurrieron 1,737 incidentes en las cárceles y el acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a riñas, con un total de 1,435; el segundo, los desórdenes; el tercero, los suicidios, con 68; el cuarto a los abusos, y el quinto lugar a los homicidios . (Tania Rosas)