Gobernador, contra delegados

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que interpondrá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se crea la figura de superdelegados.

“El gobierno que yo encabezo presentará ante la instancia correspondiente, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional por la invasión de competencias y facultades que se establecen en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que crea las figuras de los conocidos ya como superdelegados”, dijo en conferencia de prensa.

Consideró que es evidente la invasión competencial, ya que no puede haber dos autoridades paralelas cuando ya hay un Ejecutivo estatal que “tiene legalidad y legitimidad”.

Acompañado por miembros de su gabinete, el perredista indicó que no volverá a convocar a ninguna sesión de seguridad ni asistirá “por no tener facultades para ello”.

Aureoles Conejo explicó que el artículo 17 Bis de la ley habla sólo de programas de desarrollo “pero nada que ver con la seguridad, sin embargo, los señores se han atribuido girar sendos oficios y citatorios tanto en el ámbito estatal, como regional, donde están convocando a los fiscales federales, estatales, a los cuerpos de seguridad, comandantes, para reuniones de seguridad”.

El perredista dijo que en materia de seguridad “los temas son muy delicados” y “no podemos estar convocando a personas que no sabemos quiénes son”.

En este sentido, el gobernador michoacano refirió que solicitaron al Centro de Control y Confianza si existe algún antecedente de las personas que fueron convocadas a la reunión de seguridad, respuesta que fue en sentido negativo.

“En consecuencia, no se volverá a convocar a ninguna reunión de esta naturaleza, no participará nadie del gobierno del estado en estas convocatorias, que están haciendo estos supuestos coordinadores regionales”, advirtió.

Subrayó que el nombrado secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, debe hacer público “que ha aprobado los exámenes de control de confianza”, ya que puntualizó que así lo establecen las leyes vigentes.

“Además, cuando alguien designa a una persona que no tiene este requisito de haber aprobado los controles de confianza, quien lo designa se hace acreedor a una pena de dos a ocho años de cárcel por designar a personas que no cumplen con el perfil correspondiente”, manifestó el gobernador de Michoacán.

Entra en vigor la figura

Con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador también lo hicieron los llamados coordinadores estatales o superdelegados, quienes estarán a cargo de vigilar la aplicación de los programas sociales a nivel federal en los estados, así como las estrategias de seguridad que provengan del gobierno federal.

Serán 32 personajes, entre los que se encuentran excandidatos a gobernador, así como políticos de oposición a los gobiernos en donde actuarán.

En este sentido, destaca el caso de Delfina Gómez, quien fue candidata a la gubernatura del Estado de México y que ahora será el enlace entre los recursos para el desarrollo social provenientes de la Federación y el gobernador, con quien perdió la elección, Alfredo del Mazo, además de vigilar que se apliquen las estrategias de seguridad en la entidad, misma que aparece como puntera en materia de asesinatos y feminicidios a nivel nacional.

Con las reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fueron impulsadas por la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, Encuentro Social y PT) del presidente López Obrador, gobernadores de oposición, así como políticos y legisladores, han mostrado su descontento con la nueva figura de coordinación.

Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han señalado que las nuevas figuras de los superdelegados atentan contra el pacto federal y la autonomía de los estados.

En noviembre pasado, 11 gobernadores de extracción panista y uno perredista divulgaron un desplegado en el que critican la nueva figura de los superdelegados debido a que, afirmaron, se debe dialogar con las entidades para saber cuáles son las prioridades en materia social que tiene cada estado, al tiempo que indicaron que al atribuirles a los coordinadores prerrogativas en materia de seguridad se está violentando a las entidades.