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Gobierno conocía las fallas a corregir para evitar fugas
Entre las deficiencias detectadas por el diagnóstico, realizado en el 2014, se encontraba insuficiencia de personal de seguridad.
Sobrepoblación, carencia de manuales de procedimientos para uso de la fuerza, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, existencia de redes delictivas, así como falta de capacitación y control de personal penitenciario, son parte del diagnóstico que ha hecho el gobierno federal respecto de lo que ha privado en el Sistema Penitenciario Nacional. Ante este escenario, una prioridad planteada era, finalmente, garantizar la seguridad para evitar fugas.
A través del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto detalló que el Sistema Penitenciario Nacional está conformado por los centros penitenciarios del ámbito federal y local. Durante décadas, este componente crucial de los sistemas de seguridad pública ha sufrido un deterioro importante , se reconoció en el documento, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril del 2014.
En el programa expedido por el gobierno federal se explicó que si bien en los últimos años se han realizado inversiones en infraestructura para expandir la capacidad instalada, la población penitenciaria crecía a ritmos constantes, por lo que no se lograba disminuir la sobrepoblación en el sistema, en particular en los centros estatales.
Las cifras indicaban que a diciembre del 2013 había una sobrepoblación de 24.4% en el país, que se traducía en la falta de 48,341 espacios de reclusión.
Esta situación, además de representar un reto para la seguridad de los centros penitenciarios, implica condiciones que atentan contra los derechos de la población en reclusión (...) Es necesaria la salvaguarda de los derechos humanos de los internos, estableciendo un régimen de ejecución de penas que garantice la seguridad de las personas y condiciones de vida digna .
El programa de gobierno también tomó como referencia datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto de que existían grandes deficiencias en las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios y que no se contaba en su totalidad con manuales de procedimientos para el uso de la fuerza, que era insuficiente el personal de seguridad y custodia, y que se presentaban deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias, entre otros aspectos.
Asimismo, se alertó que el sistema penitenciario había fallado en su función de evitar que algunos internos continuaran delinquiendo, ya que existían redes delictivas que operaban desde los centros penitenciarios y victimizaban a la sociedad a través de la extorsión telefónica y de otras acciones.
De la misma manera, el registro de incidentes como fugas y riñas en centros penitenciarios locales, los cuales se duplicaron en los últimos dos años, da cuenta de la falta de capacitación y control del personal penitenciario para hacer frente a estas problemáticas , se explicó en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 del gobierno federal.
Así, el gobierno de Peña Nieto estableció que la entrada en vigor (en 2016) del nuevo modelo de justicia penal acusatorio implicará renovar las instituciones involucradas hacia un modelo que contribuya a abatir la impunidad, que logre una procuración de justicia efectiva y combate a la corrupción.
Y que para ello se buscará promover la formación intensiva del personal policial y penitenciario en la aplicación de los procedimientos de ese nuevo sistema. Asimismo, que para promover la reinserción social efectiva, se reorientará el Sistema Nacional Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte.
Por otra parte, garantizar el control y seguridad de los centros penitenciarios del país es una prioridad impostergable para evitar fugas y motines; abatir la corrupción, y, sobre todo, romper el vínculo de los internos con organizaciones delictivas que operan tanto dentro como fuera de los centros.
Asimismo, se requiere reducir la presión y sobrecupo en los centros penitenciarios estatales y municipales, por medio del traslado de sentenciados del fuero federal y de internos de alta peligrosidad del fuero común a centros federales , se dejó establecido en el proyecto del actual gobierno.
