Gobierno de CDMX busca tipificar como delito la corrupción inmobiliaria

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó este miércoles una iniciativa para establecer el delito de corrupción inmobiliaria y castigarlo con hasta 20 años de cárcel.

De acuerdo con el proyecto, se plantea una adición del Capítulo XV y el Artículo 276 Quáter al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, para que se reconozca como delito la Corrupción Inmobiliaria y establecen sanciones de 10 a 20 años de prisión tanto para los servidores públicos, como para la red de familiares y socios que participen; la iniciativa será discutida en el Congreso capitalino durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

Durante la presentación de la iniciativa, el mandatario capitalino indicó que este delito se refiere a la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, mediante permisos emitidos con el objetivo de recibir dinero o departamentos para beneficio personal y que, en consecuencia, encarecen la vivienda y propician riesgos de protección civil para la ciudadanía.

“El objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, es ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano de la Ciudad de México... porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, de servidores públicos y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua, un impacto en materia de Protección Civil”, dijo Batres.

Lo anterior, en clara referencia al llamado Cártel Inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez, que, dijo, fue operado desde 2008 por entonces funcionarios panistas de esa alcaldía, y quienes se beneficiaron de manera ilegal con el uso de suelo.

En este contexto, destacó que el marco normativo actual cuenta con los elementos necesarios para perseguir otros delitos relacionados, como enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones, que han permitido sancionar a exfuncionarios públicos de la Alcaldía Benito Juárez quienes, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pertenecían a esta red de corrupción que de 2009 a 2021 contribuyó al crecimiento exponencial de la construcción de niveles que sobrepasan los permitidos por la norma.

Asimismo, recordó que por estos hechos, al menos, dos servidores públicos de la demarcación aceptaron su responsabilidad en estos hechos, fueron sentenciados y devolvieron a las autoridades capitalinas inmuebles por un valor de más de 80 millones de pesos como parte de la reparación del daño.

“En el año 2008 solo tenemos el caso de un nivel excedente fuera de la norma, de acuerdo a esta información que brinda un portal ciudadano; tenemos hacia el 2009, 12 casos; tenemos hacia el 2012, 158 casos y así. Este es el lapso, este que se menciona aquí, es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme. Y no empieza a bajar, sino hasta el combate que realiza el Gobierno de la Ciudad de México a partir del 2021, precisamente después del hallazgo que ocurre con la explosión de los departamentos en la colonia Actipan”, indicó.

Esta iniciativa tiene tres objetivos principales: disuadir el surgimiento de organizaciones similares dentro de la administración pública de la Ciudad de México y sus alcaldías; contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos de las personas; y contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria capitalina, al establecer la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no un objeto de especulación financiera.