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Gobierno de la CDMX otorgará certificado de uso de suelo a 10,000 restaurantes: Carlos Alberto Ulloa Pérez
Se prevé beneficiar también a un número no determinado de salones de fiestas, establecimientos de hospedaje, clubes privados, cines, teatros y auditorios, detalla el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Con el propósito de contribuir a la reactivación económica de la capital del país, después de la Pandemia de la Covid 19 y a la seguridad jurídica de establecimientos comerciales, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un programa para regularización de uso de suelo que beneficiará a alrededor de 10,000 restaurantes, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa Pérez.
Explicó que el programa tiene su sustento en el decreto publicado este martes 21 de marzo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante el cual se reforma el artículo 15 bis del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano.
Con ello se prevé beneficiar también a un número no determinado de operadores de salones de fiestas, establecimientos de hospedaje, clubes privados, cines, teatros y auditorios.
Los dueños de ese tipo de establecimientos comerciales podrán obtener su Certificado de Uso de Suelo por Reconocimiento de Actividad (CUSRA).
En entrevista, Ulloa Pérez detalló que con ello se busca otorgar el reconocimiento de un ejercicio de actividad económica en un lugar determinado, por lo que, no es inherente al local; además, no es transferible con el inmueble y, en consecuencia, es de carácter temporal, ya que únicamente se reconoce en tanto se ejerzan de manera continua en el espacio correspondiente, hasta que se actualice el Programa de Desarrollo Urbano aplicable y se valore la factibilidad de cambiar la zonificación correspondiente.
El certificado será aplicable para los establecimientos mercantiles, en la superficie total en la que se ejerzan, siempre y cuando la persona interesada acredite tener más de cinco años ejerciendo de forma continua el giro mercantil en el predio en donde se ubique.
Lo pueden solicitar las personas que ejerzan actividades en micro o pequeños comercios, servicios o industrias de bajo impacto, así como, en diversos giros de impacto vecinal. El costo es de 1,822 pesos.
Para tramitarlo, deberán presentar alguno de los siguientes documentos: licencia sanitaria, licencia ambiental única, licencia o manifestación de construcción, aviso de terminación de obra y autorización de uso y ocupacional, escrituras o cualquier otro documento válido por la Seduvi. Se elimina la obligación de presentar boleta del impuesto predial y derechos por suministro de agua de los últimos cinco años.
Incluso pueden presentar un reporte fotográfico a color que contenga al menos cinco imágenes de interior y exterior del establecimiento donde se aprecie la continuidad que ha tenido durante cinco años. El trámite puede realizarse de manera digital o presencial.
El secretario comentó que este programa es el resultado del trabajo realizado por el Gobierno de la capital del país con organizaciones empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México y representantes y dueños de restaurantes.
El funcionario indicó que este programa forma parte de un plan de reforma administrativa propuesto en septiembre de 2022.
Además, con estas medidas el gobierno de la ciudad contribuye a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia
Recalcó que constituye un apoyo directo a dueños de establecimientos que resultaron afectados por la pandemia de la Covid-19 y para las decenas de personas que emplean, ya que contarán con la seguridad para seguir operando, sin temor a ser objeto de abusos o sanciones de autoridades o personas que haciéndose pasar por autoridades intentan obtener de ellos un provecho económico, aprovechándose de su situación irregular.