“Guerra contra las Drogas” es criticada en foros mundiales: Prodh

En países como México, donde el el estado de derecho no está consolidado, implementar un modelo de criminalización de la venta y consumo de ciertas sustancias, bajo el modelo internacionalmente conocido como la guerra contra las drogas , se multiplican los efectos contrarios a los derechos humanos y la saturación de las cárceles de personas acusadas de delitos no violentos.

En un artículo publicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez A. C. (Centro Prodh) y por Open Democracy, estas organizaciones resaltan que es posible afirmar que uno de los efectos no previstos de la guerra contra las drogas en el país, ha sido el aumento exponencial de las desapariciones.

Ello porque en países donde nunca se ha consolidado el estado de derecho, la rendición de cuentas o el respeto por los derechos humanos, los efectos negativos se multiplican.

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La prohibición de diversas sustancias que generan altos niveles de demanda en Estados Unidos ha hecho del tráfico de drogas a lo largo del territorio mexicano, uno de los negocios más lucrativos del mundo. Los millonarios ingresos generados por dicha industria han alimentado de manera desmedida el crecimiento, la diversificación y la conflictividad entre los grupos delictivos.

Las organizaciones civiles documentan que hace aproximadamente una década el gobierno federal inauguró una nueva etapa, desplegando decenas de miles de soldados a las calles en diversas partes del territorio, aun cuando ni el Ejército ni la Marina son instituciones capacitadas o facultadas legalmente para realizar tareas de seguridad pública.

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Anunciada como una medida temporal para posibilitar la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policiales, la militarización sigue vigente hoy en día sin que exista un plan para su paulatina reversión.

Sin embargo, exhiben, igual de vigente sigue la violencia: en la última década se han registrado más de 160,000 homicidios dolosos, gran porcentaje por causas relacionadas a la narcoviolencia y la respuesta gubernamental.

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ana.langner@eleconomista.mx