Lectura 3:00 min
Harán primer diagnóstico de justicia en el país
La intención es evaluar las instituciones para verificar la situación patrimonial de los funcionarios.
Senadores y diputados se propusieron ayer por iniciar la elaboración, por primera vez y en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de un diagnóstico de la justicia en México para evaluar la eficacia de las instituciones y corregir fenómenos como el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el cohecho o el nepotismo.
Al aprobar un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores exhortaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial que sean de su competencia.
Lo anterior, argumentaron los legisladores, para explicar por qué no se han podido corregir fenómenos como el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el cohecho o el nepotismo, como la denuncia presentada el pasado 28 de enero por el CJF ante la Procuraduría General de la República en contra de Esiquio Martínez Fernández, quien se desempeñaba como Secretario del Juzgado IX de Distrito en Materia Administrativa.
El motivo de la denuncia fue la alerta emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativa a la detección de movimientos bancarios inexplicables en las cuentas de Martínez Fernández, mismos que sumaban 432 millones 536,378 pesos, cuando el funcionario judicial había declarado ante el Sistema de Administración Tributaria ingresos netos por 5 millones 444,814.25 pesos, en el periodo 2003-2010.
Por lo anterior, consideramos conveniente promover el trabajo de evaluación que propone el punto de acuerdo entre los poderes Judicial y Legislativo, a efecto de formular un diagnóstico que permita el eventual diseño e implementación de una política de fortalecimiento del esquema de impartición de justicia en nuestro país , refirieron.
CONFIANZA CIUDADANA
El punto de acuerdo precisa que el Poder Judicial mexicano mantiene una percepción de relativa confianza ciudadana, al grado en que le retribuye un nivel suficiente de conformidad con sus resoluciones para mantener estable la administración de la justicia.
Sin embargo, diversos órganos judiciales son objeto de señalamientos de corrupción de algunos de sus integrantes.
El Poder Judicial representa una de las instituciones fundamentales de todo Estado democrático y es pilar esencial en la consecución y preservación de la integración social de una nación, en tanto que resuelve los conflictos que distorsionan el desarrollo armónico de la vida cotidiana... Cuando esa función resolutiva es efectiva y, sobre todo, imparcial, mantiene la sensación de justicia en la sociedad, elemento sustancial en la identificación de la ciudadanía con el entramado institucional , indicaron.
jmonroy@eleconomista.com.mx
