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Hay incongruencias en registros estatales sobre desaparecidos en México: Recinos
En el caso de las desapariciones de personas en México se debe comenzar a pensar en generar responsabilidades penales ante omisiones, retrasos y falta de diligencias en las investigaciones, expresó Evelyn Recinos, investigadora criminal de Guatemala.
En el caso de las desapariciones de personas en México se debe comenzar a pensar en generar responsabilidades penales ante omisiones, retrasos y falta de diligencias en las investigaciones; mientras que el papel de los familiares debe ser de un acompañamiento cercano y diálogo constante, expresó Evelyn Recinos, investigadora criminal de Guatemala.
“En el caso de México, (la desaparición de personas) es un delito sistemático, por lo que el análisis del contexto en el que se da es fundamental, se tiene que analizar bajo qué circunstancias se desaparecen a las personas, quiénes no están haciendo su trabajo y quiénes están haciendo el trabajo a favor de los grupos criminales que están desapareciendo personas”, expresó.
La también abogada enfatizó que el análisis del contexto de la desaparición de una persona es fundamental para la investigación de este tipo de casos, pues se tienen que identificar los patrones estructurales que permitieron la violación de los derechos humanos y jurídicamente se tiene que hacer un análisis de la forma de autoría y participación de funcionarios estatales, además de la responsabilidad penal de superiores jerárquicos y de las fuerzas de seguridad involucradas en los hechos.
Durante el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México celebrado por FLACSO y el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Evelyn Recinos señaló que durante las investigaciones sobre personas desaparecidas en México se identificaron diversos retos en la documentación de los casos, como la desidia y el rechazo a las víctimas, ya que el objetivo de las instituciones se pierde en un mar de obligaciones logísticas y burocráticas.
“Operadores de justicia consideran a familiares de las víctimas como un problema, no son considerados como sujetos de derechos a los que hay que responder efectivamente, no son considerados como parte de la investigación”, destacó.
Por otro lado, dijo, el grueso de la información sobre el momento de los hechos por lo general está en manos de agentes del estado, sin embargo, alertó que por lo general estos están involucrados en las desapariciones.
Asimismo, durante el análisis del proceso de investigación observó que incongruencias en la información existente en distintos registros estatales aunado a una falta de datos confiables y desglosados.
Además de un vacío de información sobre el momento de los hechos que dificulta establecer líneas e hipótesis de búsquedas que se alimentan del miedo y la desconfianza de los familiares de las víctimas y testigos contra las autoridades.
Describió que en este tipo de delitos se pretende dañar a todo el círculo cercano de la víctima, lo que imposibilita las acciones para los investigadores, por lo que debe haber una relación de total transparencia y confianza entre las víctimas y quienes investigan, “porque si no el miedo no va a poder proporcionales las circunstancias reales que ellos conocen sobre los hechos”.
Por su parte, Carlos Garnica, de la comisión de búsqueda de personas del Estado de México, consideró que el gran reto que enfrentan las comisiones estatales es sistematizar la información de una forma óptima para poder enfrentar la problemática tan grande que se tiene en el país en términos de información.
Agregó que las comisiones estatales generaron un cambio de paradigma para la obtención de la información, además de un apoyo para las familias ante los señalamientos de un maltrato institucional por parte de las fiscalías.
“Las comisiones tiene la facultad de recabar información por cualquier medio, lo que se busca es que se genere confianza con los familiares de la víctimas (…) La información real y completa la tienen las familias, no las carpeta de investigación”, indicó.