Lectura 4:00 min
Indagan compra de votos y mal uso de padrón electoral
De las indagatorias, hasta junio pasado, estaban pendientes de determinar 184 casos. Las indagatorias se abrieron en 30 de los 32 estados. Los estados con más casos fueron: Ciudad de México (48); Estado de México (21); Yucatán (16); Querétaro (13); Jalisco (9).
La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que durante el pasado proceso electoral abrió 192 carpetas de investigación por la probable comisión de delitos electorales.
Al responder una solicitud de acceso a la información, la Fisel indicó que, de septiembre de 2023 al 2 de junio de 2024, se iniciaron 192 carpetas a lo largo de todo el país, de las cuales 184 se encuentran en trámite; una ha sido determinada por abstención de investigar; cinco por acumulación y dos por incompetencia.
Las indagatorias se abrieron en 30 de los 32 estados. Los estados con más casos fueron: Ciudad de México (48); Estado de México (21); Yucatán (16); Querétaro (13); Jalisco (9); Morelos (9); Puebla (8); Michoacán (7); Aguascalientes (6) y Chihuahua (6).
Además de Hidalgo (5); Durango (4); Guerrero (4); Nuevo León (4); San Luis Potosí (4); Baja California Sur (3); Colima (3); Chiapas (3); Oaxaca (3); Sonora (3); Tabasco (2); Tamaulipas (2); Veracruz (2); Baja California (1); Campeche (1); Coahuila (1); Guanajuato (1); Quintana Roo (1); Sinaloa (1); Tlaxcala (1).
Los delitos que se investigan en las carpetas son personas que votaron sin cumplir con los requisitos de ley; sufragar en más de una ocasión; compra de votos; violar la secrecía del voto; alteración de material electoral; intimidación a los ciudadanos para que no voten.
Así como alteración del Registro Federal de Electores; funcionarios electorales que no cumplieron con sus obligaciones o servidores que condicionaron servicios y violencia política de género.
Las penas aplicables por los delitos mencionados van desde multas económicas hasta penas de prisión que pueden alcanza de entre tres y seis años de reclusión.
Sobre este tema, la propia Fisel aclaró que la presentación de una denuncia ante la FGR y, en su caso, la apertura de un expediente de investigación no implica automáticamente que los hechos denunciados efectivamente hayan ocurrido o que las personas señaladas hayan participado en los mismos.
Instancia, ausente
Fernando Landeros Ortiz, integrante de la consultora Strategia Electoral, señaló que durante el pasado proceso electoral la Fisel se caracterizó por ser una autoridad ausente.
“(La antigua Fiscalía Especializada en Delitos Electorales) también era motivo de mucho análisis y señalamientos por su inactividad e ineficacia en el campo, y pasando por la Fisel actual pues evidentemente el mensaje es todo se puede hacer y no va a haber ningún tipo de castigo”, opinó.
El experto en temas electorales destacó que aunque en el último proceso electoral fue de los más violentos y en el cual hubo más actos o conductas penales sancionable, la Fisel no tuvo una gran actividad para prevenir y en su caso indagar y castigar delitos electorales.
“Brilló por su ausencia la Fiscalía, tanto a nivel federal y también obviamente que las fiscalías estatales se vieron rebajadas por mucho de lo que estaba sucediendo en los hechos (...) como la violencia de género, incluso lamentablemente homicidios, pasando por amenazas; atentados, intentos de homicidios, en los cuales pues el sistema electoral como tal en este tramo de la persecución de los delitos electorales pues evidentemente se vio superado por mucho”, dijo.
En este sentido, el especialista añadió que tampoco hubo una actividad o pronunciamiento para intentar detener la ola de violencia que se presentó en el pasado proceso electoral, por ello, consideró que de cara a una eventual reforma electoral, se debe analizar el sistema electoral mexicano poniendo énfasis en la persecución de los delitos.
La persecución de los delitos electorales está sumamente rebasada, no creo que sea por una cuestión de diseño, sino una cuestión, incluso, de políticas públicas.
“Los presupuestos que se les asignan tanto a la fiscalías locales como a la Fiscalía General de la República pues evidentemente, no sé si sea por una cuestión voluntaria o no, pero, sí trae consigo que en los hechos, en el campo no se detenga, no se prevenga, y no se castigue conductas atípicas y esto evidentemente vulnera la democracia en nuestro país y resta legitimidad a las autoridades electas”, alertó.
