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Índice de Estado de Derecho en México: Débiles, contrapesos a los gobernadores
El informe detalló que hubo un debilitamiento de los poderes Legislativo y Judicial, aunado a menos espacios ciudadanos.
Los resultados del Índice de Estado de Derecho (IED) en México 2021–2022 de World Justice Project (WJP) revelan el debilitamiento de los contrapesos institucionales y cierre del espacio cívico, que se traduce en el deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales.
“El puntaje del Factor 1: Límites al poder gubernamental bajó en 17 estados del país (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas) y permaneció sin cambios en 9 (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala).
“Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del poder Legislativo local y del poder Judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal. La segunda es la contracción del espacio cívico, el cual se manifiesta mediante caídas en 15 estados en los puntajes que miden la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público. En este rubro, 5 estados se mantuvieron sin cambios y 12 subieron su puntaje”, precisa el reporte.
En el desempeño de los sistemas de justicia, detalla, también hay deterioro.
“En el área penal, los puntajes del Factor 8: Justicia Penal cayeron en 14 estados del país (Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), permanecieron sin cambios en 10 (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), y subieron en 8 (Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz). Estas cifras son semejantes a las cifras del año pasado, en el cual 16 entidades retrocedieron’’.
Los indicadores en los que más estados cayeron fueron: la garantía a los derechos de las víctimas, que bajó en 21 estados; adhesión al debido proceso, que cayó en 19 estados, y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, que cayó en 18 estados.
Según el informe, la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúa siendo el mayor reto en materia de Justicia Penal, que cayó en 18 estados y ya había caído en 15, al ser el indicador con los puntajes más bajos de los seis que conforman el Factor 8 en todos los estados del país.
Por lo que se refiere al área civil y administrativa, el Factor 7: Justicia Civil, que mide si el sistema es expedito y que resultó ser el indicador peor calificado, bajó en 18 estados (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán).
