Indiferencia y pocas comisiones de búsqueda

Se reinstaló la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) con el propósito de localizar a 46,000 desaparecidos en el país e identificar 26,000 cuerpos. El gobierno federal prometió recursos ilimitados para ese propósito, aunque hay rezagos como falta de investigaciones por parte de autoridades, sentencias inexistentes por desaparición y una crisis forense.

“Es un reto enorme de empezar a resolver los casos de los desaparecidos, buscarles en vida, pero también buscar en las fosas clandestinas; identificar las personas y resolver la crisis forense que tiene México con los 26,000 cuerpos no identificados que se tienen que identificar bien y se tenga la certeza que la ciencia nos puede dar.

“Nadie se atreve a decir cuántas personas se va a lograr ubicar, porque esto sí es una tarea enorme que supera nuestra imaginación. Lo que sí tenemos en este evento es la confianza de los actores (funcionarios) que se han comprometido”, dijo a El Economista, Jan Jarab, representante en México de la ONU para los Derechos Humanos.

En Palacio Nacional fue instalada la CNBP en una ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y acompañado por colectivos de víctimas que en todo momento reclamaron: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indicó que la búsqueda de personas es una responsabilidad de Estado; sin embargo, pidió apoyo de familias y colectivos de víctimas, tras admitir que la tarea no es fácil.

Encinas dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda se instaló por primera vez en octubre del 2018; sin embargo, señaló que “fue una gran simulación”.

Destacó que se requiere la instalación de un banco nacional de desaparecidos, fosas y detenciones; elaborar el protocolo homologado de búsqueda; y el programa de exhumación forense. “La tarea es muy intensa, pero no estamos partiendo de cero”, comentó Encinas.

El funcionario dijo que sólo 13 gobiernos de los estados han instalado sus propias comisiones de búsqueda.

Mencionó que no basta con una comisión local, también hay que dotarla de infraestructura para resolver la crisis de derechos humanos; puso como ejemplo Coahuila y Jalisco de instalación correcta de comisiones.

En contraste, indicó que hay 19 entidades que no reportan avances en la instalación de sus comisiones.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, instó a los gobiernos de los estados a que en el tercer trimestre del año (julio-septiembre) estén instaladas todas las comisiones.

Alejandro Encinas destacó que este año, la CNBP contará con un presupuesto de 400 millones de pesos, de los cuales 50% se destinará a la búsqueda de las personas. Incluso, el presidente López Obrador ofreció “los recursos que se necesiten” para ese fin.

Recibirá a familiares

Ante los familiares de personas que buscan desde hace años a sus hijos, esposos, nietos, sobrinos o primos, el presidente López Obrador indicó que se trató de un evento importante porque se trata de asumir el compromiso de la búsqueda de desaparecidos.

Calificó el hecho como “muy triste y muy doloroso”, y como “dantesco e inhumano” que haya tráileres dando vueltas por las ciudades paseando cuerpos.  Destacó que los desaparecidos fue “la herencia más triste, dolorosa, que recibimos al llegar a este nuevo gobierno”.

López Obrador hizo el compromiso de volver a recibir en tres meses a los familiares de personas desaparecidas, para hacer una evaluación de los avances.

La secretaria Sánchez Cordero sostuvo que el gobierno ya ha reconocido que hay decenas de miles de personas desaparecidas y que son sus familiares quienes las han buscado desde hace años, que no hay avances en las investigaciones y hay una crisis para identificar los cuerpos.

Llamó a construir un frente común con todas las autoridades para superar la crisis de derechos humanos que se vive en el país.

En tanto, Karla Irasema Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, expresó su compromiso con iniciar desde ahora la búsqueda de personas no localizadas.

Miguel Ángel Riquelme, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago y gobernador de Coahuila, admitió que las víctimas enfrentan todo un viacrucis, con funcionarios que sólo giran oficios, negligencias y complicidades, falta de profesionalismo y capacidad de las autoridades.

Familiares de desaparecidos denunciaron una “indiferencia” de autoridades

Con la exigencia de “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, por parte de colectivos de familiares de desaparecidos, inició la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en la que se le solicitó al gobierno federal no quedarse en la promesa de buscar a las más de 40,000 personas desaparecidas y las 26,000 que se encuentran en los centros forenses aún pendientes por identificar, así como cumplir la ley general en materia de desaparición forzada.

Entre los familiares de las víctimas se encontraban las integrantes del Colectivo Feminista Ehécatl, un grupo de mujeres que se dedican a la búsqueda de sus familiares en el Estado de México y que además de trabajar por su cuenta y con sus recursos, denuncian la indiferencia de las autoridades locales para la búsqueda de personas.

María Eugenia, madre de Nancy de 26 años, contó a El Economista que al momento de enterarse de la desaparición de su hija el pasado 6 de septiembre, acudió a la Fiscalía Regional de Ecatepec San Agustín para denunciar que su hija y su bebé de dos años habían desaparecido.

“En mi caso, fui yo la que estuve investigando, porque los de la Fiscalía de San Agustín no me hicieron caso (...) Me dijeron que fuera yo y buscará a las personas que la secuestraron y que cuando las encontrara le dijera ellos”.

María Eugenia recordó que momentos antes de que su hija desapareciera se había comunicado con ella por teléfono y le comentó que se encontraba con Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, pareja acusada de múltiples feminicidios en Ecatepec.

“Nosotras, el colectivo, la encontramos. Así fue como lo agarraron, de hecho, Juan Carlos me persiguió y me quería matar porque yo lo denuncié y yo dije que él y su esposa tenían a mi hija, él me estuvo citando, me estuvo llamando que fuera a su domicilio para que viera que no había nada, siendo que en ese domicilio tenía los restos de mi hija y de muchas otras jóvenes que él y su esposa habían matado”, dijo.

Tras ser detenidos, la pareja de feminicidas confesó que del 2012 a la fecha de su detención habían asesinado a 20 mujeres y habían vendido a una menor de dos años, la hija de Nancy.

“Gracias a Dios a la bebé la recuperamos, pero son cosas que nosotras tenemos que hacer, el trabajo que les corresponde a las autoridades”, manifestó.

Por su parte, la presidenta del Colectivo Feminista Ehécatl, Carmen Zamora, reconoció que si bien las propuestas de Andrés Manuel López Obrador son buenas es necesario que esta labor de búsqueda involucre a todo nivel de gobierno.

“En los municipios, nosotras tenemos una problemática terrible, sobre todo en el gobierno municipal de Ecatepec, porque no tenemos respuesta de Fernando Vilchis, el presidente municipal de Ecatepec, y tenemos también agresiones por parte de Grisel Barrientos, que es la titular del Instituto Municipal de la Mujer”, denunció.

Zamora también opinó que es necesario el diálogo con las autoridades. “A nosotras nos causa indignación que ahorita tuvimos que perseguir, y ya se nos fue, Alejandro Gómez Sánchez, que es el fiscal general de Justicia del Estado de México, que nunca da respuesta, pero tenemos más resultados que muchas autoridades”, afirmó.

Verónica, madre de Diego quien tenía 16 años cuando fue secuestrado en el 2015, también en Ecatepec, dijo que busca un acercamiento más personal con las autoridades para realizar propuestas al marco legal vigente.

“Estoy luchando porque se haga una revisión a la ley en el Estado de México de los menores infractores, porque no puede ser que a un secuestrador, mutilador porque mutilaron a mi hijo porque no junté el dinero, le den una sentencia mínima, entonces, ¿en dónde quedan los derechos de Diego? Él era menor de edad”.

A raíz del secuestro de Diego, Verónica formó el Colectivo Uniendo Esperanzas Estado de México, conformado por familiares de personas desaparecidas en Edomex, Puebla, Veracruz y Guerrero.