Informe omite crisis migrante

En materia de derechos humanos, el informe destina algunos párrafos para informar que se amplió la capacidad institucional para atender a mujeres víctimas de violencia con la creación de cinco Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) ubicados en Puebla, Puebla; Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Tlapa de Comonfort, Guerrero; Torreón, Coahuila, y Mérida, Yucatán, así como el fortalecimiento de los CJM de Chihuahua, Chihuahua, y Amecameca, Estado de México.

Estos siete CJM se suman a los cuatro que ya operaban en Campeche, Campeche; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Oaxaca, Oaxaca.

Incluso hace la acotación en el sentido de que de septiembre del 2013 a julio del 2014 se atendió en los CJM un total de 45,529 mujeres víctimas de violencia.

Lo que se refiere a trata de personas, en el documento se indica que de diciembre del 2013 y abril del 2014, se llevaron a cabo la séptima y octava sesión de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la cual tiene por objeto el establecer y promover la política del Estado frente al delito de trata de personas.

Además, informa que el 30 de abril del 2014, se publicó el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018, el cual establece los objetivos como prevenir sus modalidades y fomentar la visibilización del fenómeno, proporcionar atención, protección y asistencia de manera integral a las víctimas; impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos; promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información.

Sólo indica que el 4 de septiembre del 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un convenio celebrado por el procurador general de la República con el Equipo Argentino de Antropología Forense, organizaciones de madres de migrantes desaparecidos de Centroamérica y organizaciones de derechos humanos mexicanas, para crear una comisión forense cuyo objetivo es la identificación de los restos localizados en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León. En el 2014, se adhirieron a este Convenio las procuradurías generales de justicia de Nuevo León y Tamaulipas.