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Inhabilitan 10 años más a Horcasitas
Pese a que logró un amparo provisional contra la orden de aprehensión en su contra, el ex director del Proyecto Metro fue sancionado a una década más fuera de la función pública y a pagar casi 8 millones de pesos.
El prófugo de la justicia Enrique Horcasitas Manjarrez, ex director del Proyecto Metro, destituido por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue inhabilitado por la Contraloría General capitalina por otros 10 años y está obligado a liquidar una multa por 7 millones 800,000 pesos, después de que lograra obtener un amparo provisional en contra de una orden de aprehensión otorgado por el Poder Judicial de la Federación.
La Contraloría dio a conocer sin nombres, sólo con números, sanciones aplicadas a 90 servidores públicos, entre ellos funcionarios mayores de jefaturas delegacionales actuales, secretarías del actual gabinete y órganos descentralizados de la administración actual, a horas de que se dé a conocer qué funcionarios continuarán en sus labores, quiénes se van y cuántos podrían llegar o ser movidos a otros cargos por el mandatario local.
Manjarrez Horcasitas ya había sido inhabilitado en septiembre del 2014, después de seis meses de ser destituido cuando la Contraloría General local, entonces bajo el mando de Hiram Almeida Estrada, hoy secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), le aplicó una sanción para contar con un empleo, cargo o comisión en la administración de la ciudad de México.
Horcasitas Manjarrez es uno de los primeros seis de 33 funcionarios acusados por el gobierno capitaino como posible responsable de las fallas de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), que sigue cerrada en su parte elevada en 11 estaciones; precisamente desde marzo de ese año, tres de ellos han sido detenidos y otros tres son prófugos.
Los juicios de los detenidos se están llevando en los reclusorios Norte y Sur, de los cuales dos han sido clasificados como delitos no graves, pero no han pagado la fianza de más de 1 millón de pesos que les fijaron y otro más que está buscando que la Comisión de Derechos Humanos le otorgue beneficios para alegar violaciones a sus garantías individuales.
