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Insisten en violencia vs defensores indígenas
Sobre las consultas que afectan a comunidades, la ONU demandó que se respete el marco legal.
El representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, declaró que no cesa la violencia contra los defensores en comunidades indígenas, ya que durante el 2017 fueron asesinados siete, en el 2018 fueron 13, y en lo que va de este año suman siete casos.
Sobre las consultas a las comunidades, afirmó que, pese a la ausencia de una legislación en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas, esto no exime al Estado de brindarles un marco de libertades e igualdad, por lo que solicitó que dichos procesos de consulta se efectúen bajo el marco internacional vigente.
Al participar en la convocatoria Hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre Determinación, al territorio y a los Modelos Propios de desarrollo de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, Jan Jarab aseguró que el modelo neoliberal persiste y depreda, mientras el régimen agrario dificulta la libre autodeterminación de los pueblos.
Comentó que están a la espera de que el nuevo gobierno cambie el modelo de desarrollo dominante, que no toma en cuenta las necesidades y aspiraciones de esta población, privilegiándose la extracción intensiva de sus recursos, sean mineros, forestales o petrolíferos.
Jarab manifestó que en México hay más de 300 concesiones para la explotación de los recursos mineros que debían traducirse en beneficios para las comunidades indígenas, sin embargo, la pobreza en estas zonas persiste.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México puntualizó que las llamadas consultas a las comunidades donde se ubican las minas ha sido letra muerta, o bien, han causado perjuicios que han llevado a conflictos internos.
Consideró necesario brindar la autodeterminación y desarrollo de los pueblos indígenas, por lo que es necesario reformar la actual legislación agraria, porque no contempla la protección de la tenencia de la tierra y su uso para las diversas etnias.
