Lectura 3:00 min
Investiga Función Pública 315 expedientes del OIC de la PGR
Entre los expedientes se encuentran algunos relacionados con temas emblemáticos como Ayotzinapa o la reconstrucción tras los sismos del 2017.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) actualmente cuenta con 315 expedientes de investigación que recibió con motivo de la transformación de la Procuraduría a la hoy Fiscalía General de la República como consecuencia de la sustitución del Órgano Interno de Control que dejó de tener atribuciones para continuar conociendo los asuntos que, como parte de la SFP, eran de su competencia.
Del total, 57 se encuentran en la etapa de investigación de posibles faltas administrativas graves o no graves de servidores públicos en casos como el de Ayotzinapa; el posible desvío de recursos millonarios en el Programa de Comedores Comunitarios o el desvío de recursos en la atención de damnificados por el sismo del 2017.
Como resultado de las investigaciones practicadas por la dependencia, se informó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han elaborado 15 informes de presuntas responsabilidades administrativas en los que ha concluido la etapa investigadora y se ha continuado con un procedimiento de responsabilidades administrativas.
En relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la SFP cuenta con una investigación relacionada con el posible incumplimiento de obligaciones de funcionarios adscritos a la entonces Procuraduría General de la República; transcurridos cuatro meses desde su inicio, se determinó contar con elementos suficientes que acreditaban la posible responsabilidad, por lo que se inició el procedimiento respectivo.
Sobre el Programa de Comedores Comunitarios, la SFP realiza diligencias para acreditar irregularidades por más de 1,000 millones de pesos que fueron ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante una empresa de participación estatal mayoritaria, a fin de evitar la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el proceso de contratación.
Investiga también el uso indebido de recursos públicos asignados a programas sociales por parte de servidores públicos de alto nivel que violaron la Ley Federal de Austeridad Republicana al destinar personal administrativo a asuntos particulares; hacer uso indebido de vehículos oficiales; distribuir en forma discrecional vales de gasolina y viáticos, entre otras conductas, las cuales constituyen violaciones a las medidas de austeridad.
Agregó que tiene bajo la lupa a altos funcionarios a los cuales se les detectaron irregularidades en declaraciones patrimoniales y de intereses, pues se acreditó, en un plazo menor de tres meses, la participación de un funcionario federal y su cónyuge en diversas empresas.
