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Investigan a 28 empresas por fraude en Segalmex
Leonel Cota Montaño, director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), afirmó que por el desvíos de recursos de la institución, que asciende a 9,500 millones de pesos, se investigan a 29 servidores públicos y 28 personas morales.
Leonel Cota Montaño, director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), afirmó que por el desvíos de recursos de la institución, que asciende a 9,500 millones de pesos, se investigan a 29 servidores públicos y 28 personas morales.
Sobre el caso, recordó que han presentado 30 denuncias penales en la Fiscalía General de la República.
Además de otras ocho en otras instancias como la Secretaría de la Función Pública por las irregularidades.
Compra de maíz y frijol
Al sostener una reunión de trabajo con las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Cota Montaño afirmó que si bien las observaciones realizadas por el órgano auditor apuntan a irregularidades en la compra de maíz y frijol, tras visitar los almacenes de Diconsa —filial de Segalmex—, se encontraron más de 100,000 toneladas de ambos productos.
Por lo que aseguró: hay “desorden, sí; responsabilidades, sí; que se aplique la ley, sí, pero espero resolver buena parte de las observaciones con elementos sustantivos, porque no podemos darle valor a un documento, si lo que se compró estaba en los almacenes”.
Y es que el funcionario federal aseveró que hasta ahora se han atendido observaciones equivalentes a 4,475 millones de pesos en Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Inversiones ilegales
Por otro lado, al hablar sobre las inversiones ilegales que realizaron funcionarios durante la administración de Ovalle, quienes destinaron 100 millones de Segalmex y 800 millones de Liconsa, a certificados bursátiles fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores, Cota Montaño aseguró que se ha recuperado el ciento por ciento de esos recursos, pero falta recobrar los intereses generados por la “inversión” en certificados bursátiles.
Mientras que, luego de instalarse, con autorización de la Secretaría de la Función Pública y la FGR, una mesa de recuperación del daño al erario, con las empresas involucradas, estas han reintegrado 300 millones de pesos.
“Debo decir que los primeros días fueron tremendos de observar todas las desviaciones, no es la primera vez que me pasaba, debo decir que cuando llegue a la gubernatura del estado de (Baja California), pensé que no había cosa peor en los desvíos y en las desafortunadas condiciones”, agregó.
