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Investigarán violaciones a DH de reclusos
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó la Propuesta General 01/ 2018, “La Ejecución Penal de los Derechos Humanos” en la que se investigarán las presuntas violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios de la capital.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó la Propuesta General 01/ 2018, “La Ejecución Penal de los Derechos Humanos” en la que se investigarán las presuntas violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios de la capital.
Durante la presentación de la propuesta, la presidenta del organismo capitalino, Nashieli Ramírez Hernández, detalló que se investigan 4,345 quejas presentadas entre enero del 2018 y mayo del año en curso, y precisó que 28% de ellas se entregaron en los primeros cinco meses de esta administración. También detalló que de las 4,757 personas agraviadas, 82% son hombres y 18% mujeres.
Los tres centros penitenciarios con el mayor número de quejas son el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, que comprende 23.6% de las menciones, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, con 17%, y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, con 7.7% de las quejas.
Ramírez Hernández hizo un llamado a instituciones judiciales y de gobierno, así como a la sociedad en general, para sumarse a un cambio social y cultural que permita ver a las personas que cumplen una pena en situación de reclusión como seres humanos.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, manifestó que la ejecución penal debe cumplir con tres funciones principales en materia de sentencias: vigilancia, consultiva y decisoria.
“La Propuesta General 01/2018 permite visibilizar las áreas de oportunidad que se deben aprovechar desde diferentes ámbitos para garantizar los derechos desde el modelo de impartición de justicia”, dijo.
Finalmente, la directora del Instituto de Reinserción Social de la capital, Raquel Olvera Rodríguez, enfatizó la necesidad de erradicar la discriminación contra la población penitenciaria, para generar las condiciones adecuadas de retorno a la sociedad.
“Encerrar no significa reparar. El reto de esta propuesta es el acompañamiento a las personas privadas de su libertad para que desarrollen habilidades que les permitan hacerse cargo de sí mismas”, declaró.