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Política

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Juez ordena nueva investigación por el caso Tlatlaya

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro dijo que la sentencia obliga a la PGR a realizar diversas diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo, pese a que fueron ordenadas por un juez.

Sobre el caso Tlatlaya, las autoridades dijeron en su momento que los fallecidos pertenecían a bandas de traficantes de droga.

Sobre el caso Tlatlaya, las autoridades dijeron en su momento que los fallecidos pertenecían a bandas de traficantes de droga.Reuters

Un juez ordenó a la Procuraduría General de la República a realizar nuevas investigaciones para ayudar a esclarecer la supuesta ejecución arbitraria de 22 presuntos delincuentes cometida por militares en 2014.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro dijo que la sentencia obliga a realizar diversas diligencias que hasta ahora no se han llevado a cabo, pese a que fueron ordenadas por un juez, entre ellas, investigar la cadena de mando relacionada con la orden de abatir a los delincuentes.

"Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México", añadió el organismo, que representa a una sobreviviente de los hechos, en una bodega del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.

No fue posible contactar de inmediato a portavoces del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Gobierno de México ha sido criticado por organismos de derechos humanos, locales e internacionales, por el excesivo actuar de algunos cuerpos de seguridad en su lucha contra el narcotráfico, así como por la colusión de algunos efectivos con el crimen organizado.

Sobre el caso Tlatlaya, las autoridades dijeron en su momento que los fallecidos pertenecían a bandas de traficantes de droga y que las fuerzas armadas actuaron en defensa propia, pero meses más tarde medios reportaron que había evidencia de que los civiles fueron asesinados cuando ya se habían rendido.

En 2016, un juzgado militar absolvió a seis de los siete soldados presuntamente involucrados en el caso.

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