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Juez reprograma audiencia de Anaya para el 4 de octubre y le pide estar en México
El juez Aquiles dijo que, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprogramó para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas, la audiencia de continuidad. Anaya ratificó ante el juez a sus defensores.
Al reconocer que la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha permitido tener acceso a la carpeta de investigación en su contra, el juez Gustavo Aquiles Villasor reprogramó para el 4 de octubre la audiencia del panista Ricardo Anaya, a fin de garantizar su derecho a una defensa adecuada.
Durante una audiencia que se realizó a través de videoconferencia, Anaya dijo ante el juez desconocer las imputaciones que le realiza la FGR, debido a que le ha negado el acceso a la carpeta de investigación. Por ello el juez Aquiles dijo que, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprogramó para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas, la audiencia de continuidad. Anaya ratificó ante el juez a sus defensores.
Por su parte, el Juez hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional, esto debido a que Ricardo Anaya ha revelado en videos que salió del país, porque a su juicio hay una persecución en su contra ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La FGR imputada a Anaya el delito de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido 6.8 millones de pesos para dar su voto en favor de la reforma energética del 2013.
La FGR asegura que los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho; Marcelo Odebrecht; Luis Alberto de Meneses Weyll y Luis Weyll, declararon ministerialmente en Brasil que a partir del año 2012, cuando inició el gobierno de Enrique Peña Nieto en nuestro país, buscaron contratos en operaciones sustantivas de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que para ello entregaron sobornos a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, como un primer pago por 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera.
La Fiscalía recordó que Emilio Lozoya presentó una denuncia en 2020, en donde señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800,000 pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil. Cabe destacar que Anaya fue electo diputado federal por la vía plurinominal en las elecciones del 2012, cargo que ocupó hasta 2015 cuando se separó para ser dirigente nacional del PAN.
Indicó que, “según consta en diligencias ministeriales”, los 6.8 millones de pesos le fueron entregados a Anaya por el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.
Argumentó que según consta en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya votó a favor de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia Energética.
La Fiscalía dijo contar con los testigos Miguel Tame Domínguez y Froylán Gracia García, quienes manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya en la Dirección General de Pemex; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales.
“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido. Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público”, dijo la FGR.
Finalmente, la FGR resaltó que de conformidad con los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.