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Política

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Jufed amaga con un paro nacional de continuar reforma al Poder Judicial

Investigadores coinciden en que la reforma propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afectaría la carrera judicial, que es indispensable para la independencia judicial.

EL ECONOMISTA

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) exigió que Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, y la nueva LXVI Legislatura del Congreso de la Unión frenen la aprobación, prevista para septiembre próximo, de la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular; de no hacerlo, advirtió, habrá paro de labores en el Poder Judicial Federal (PJF).

“Al amparo de nuestro deber de defender la independencia judicial, las personas juzgadoras pedimos a la Legislatura y gobierno entrantes que detengan en septiembre el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada”, afirmó la jueza Juana Fuentes Velázquez.

Al fijar la posición de la asociación, que aseguró representa a 55,000 trabajadores judiciales en los 32 circuitos del país, desde las escaleras de la entrada principal del Palacio de Justicia, con sede en San Lázaro, frente a decenas de empleados judiciales que se manifestaron en contra de la reforma en ciernes, aseguró que “la suspensión de labores, como última medida, la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral, y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”.

“Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”.

Septiembre de 2024, afirmó, puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta de México se empeñan en aprobar la iniciativa lopezobradorista, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas mejores.

“Las mujeres y hombres que trabajamos como magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación tenemos el deber de defender nuestra independencia”, agregó, y que la exigencia de Jufed es la misma de los demás integrantes del sistema de carrera judicial y la base de trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF).

“Los y las integrantes de la judicatura formamos hoy válidamente esta coalición para la defensa de la independencia judicial y, en su caso, acordaremos la suspensión temporal del trabajo, en uso de un derecho de rango máximo”, precisó.

Contraproducente

Panelista en la “Mesa 2: Independencia judicial y democracia” durante el segundo día del “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: Reflexiones desde la Judicatura”, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), José de Jesús Orozco anticipó que aprobar la propuesta presidencial de reforma del Poder Judicial afectará gravemente la independencia judicial.

“Aun cuando la elección popular de las personas juzgadoras no es necesariamente incompatible con la Convención Americana, es claro que de avanzar la iniciativa en los términos en que se encuentra sí lo sería y conculcaría el principio de independencia judicial y, en consecuencia, el derecho de acceso efectivo a la justicia pues no salvaguarda que su eventual selección sea por mérito y calidad profesional”, explicó el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Julio Ríos, investigador del ITAM, coincidió en que la reforma en ciernes afectará la carrera judicial, que es indispensable para la independencia judicial.

Laurence Pantin, directora de la Fundación por la justicia e integrante del colectivo La justicia que queremos, comentó que diversos estudios indican que los jueces que son nombrados en urnas invalidan más leyes aprobadas por el Poder Legislativo o cambian más a menudo precedentes establecidos en comparación con los designados de manera tradicional.

Eso, consideró, debería preocupar a la mayoría legislativa en México.

rolando.ramos@eleconomista.mx

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