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Juicios por corrupción en México, un pendiente para el 2022
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la Estafa Maestra y Pío López Obrador, son los principales casos a seguir el siguiente año.
Lozoya ha postergado en siete ocasiones el inicio de sus juicios; Robles lleva más de 2 años en cárcel preventiva. Foto Especial
Mientras organizaciones nacionales e internacionales alertan que la impunidad es el principal problema de México, el sistema de justicia nacional cierra el 2021 arrastrando sentencias de culpabilidad o inocencia en casos de presunta corrupción que involucran a políticos de todos los partidos.
En los juzgados están pendientes los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, que involucran al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y una red de empresarios y políticos; el presunto desvío de recursos denominado Estafa Maestra que involucra a la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, hasta el presunto desvío de recursos del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales del Estado de Nayarit (FIRCAES) por parte del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, entre otros.
También está pendiente el juicio contra el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, quien ya fue vinculado a proceso por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Odebrecht.
También está pendiente el caso de Julio César Serna Chávez, exjefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera y excoordinador general de la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México, detenido por enriquecimiento ilícito.
Aunque no es un asunto aún judicializado, la Fiscalía Especial de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral (INE) indagan el caso de entrega de recursos de origen desconocido a Pío López Obrador, hermano del actual presidente de la República, luego de que apareció en un video recibiendo recursos por parte del excomisionado Nacional de Protección Civil, David León.
Extradiciones
Otro asunto pendiente que involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a jueces de otros países, son las extradiciones de políticos y exfuncionarios mexicanos acusados de abusos y actos de corrupción.
Es el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien es requerido en México por delitos electorales y por un presunto desvío de recursos públicos de Chihuahua.
También el General brigadier de Estado Mayor, Eduardo León Trauwitz, quien espera en Canadá su extradición a México para ser enjuiciado por supuestamente apoyar el huachicol. Por su parte, Tomás Zerón de Lucio, se encuentra en libertad en Israel, aunque las autoridades mexicanas ya solicitaron al gobierno de ese país su extradición para ser juzgado por presuntos actos de tortura. Asimismo, el ex diputado federal Mauricio Toledo se encuentra detenido en Chile a la espera de su extradición a México donde deberá enfrentar la acusación de enriquecimiento ilícito desde que fue delegado en Coyoacán.
Asimismo, la FGR ya solicitó a Interpol la ficha roja para localización del exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, quien es requerido por un juez para responder por la presunta comisión de los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. El exfuncionario se encontraría en Estados Unidos.
Además, la fiscalía giró ficha roja para la búsqueda en más de 190 países de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes cuentan con órdenes de aprehensión acusados de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3,000 millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente en el sexenio anterior de la Secretaría de Gobernación.
La organización Justice in México asegura que en México el principal problema es la impunidad por delitos cometidos tanto por particulares como por servidores públicos.
“En todas las categorías de delitos, existe un grave problema de impunidad en México, lo que subraya la urgente necesidad de reformas y mayores recursos para fortalecer el sector de la justicia penal del país. De hecho, la gran mayoría de los delitos en México no se denuncian, no se investigan ni se castigan, principalmente debido a falta de confianza en la integridad y eficacia de las autoridades gubernamentales”, mencionó.
