Lectura 2:00 min
La SEP reitera que fue falta de consorcios
La SEP, a través de un comunicado, detalló que la rescisión administrativa de los contratos con las empresas proveedoras de computadoras portátiles se realizó con estricto apego a la ley.
Ante las acusaciones por parte del consorcio Grupo Mercantil Te Prestamos, Integra Ingeniería y Corporativo Arca, en contra de la SEP, la dependencia rechazó la creación de un proceso mediático en la licitación de las 240,000 laptops que se entregarían a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, en tres entidades.
La rescisión y posterior presentación de la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, alega la SEP, se debió a que el consorcio incumplió con las disposiciones del contrato, como la obligatoriedad de entregar a la SEP, en un plazo que no debería exceder 10 días naturales, una fianza en favor de la Tesorería de la Federación por un monto equivalente a 10% de la cantidad total de cada contrato.
El 26 de junio, la SEP inició el procedimiento de rescisión de contrato al consorcio Grupo Mercantil Te Prestamos, Integra Ingeniería y Corporativo Arca, ya que desde el 24 de junio había vencido el plazo legal para que el licitante ganador entregara las fianzas de garantía de cumplimiento, conforme al contrato firmado el 13 de junio.
El 11 de julio, se presentó la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que se investiguen, determinen las responsabilidades y se impongan las sanciones por no haber entregado la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato de la licitación para la adquisición de 240,000 laptops para los estudiantes de los estados de Colima, Sonora y Tabasco. Esto propició acusaciones en contra de la dependencia.
Ayer, la SEP advirtió que en todo el proceso fue respetuosa de las garantías constitucionales de audiencia, legalidad y debido proceso.
La rescisión administrativa de los contratos celebrados con las empresas Grupo Mercantil Te Prestamos, Integra Ingeniería y Corporativo Arca se llevó a cabo en apego a lo ordenado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público .
Incluso, la SEP alega que las empresas fueron notificadas de la falla, pero éstas no desvirtuaron el incumplimiento.
jose.reyes@eleconomista.mx
