La seguridad en el gobierno de AMLO está sostenida con alfileres, asegura el ONC

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar al país ha sido superada por la realidad, pues a cuatro años de la llegada de su gobierno, la tasa de 11 delitos ha alcanzado su máximo histórico, alertó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Durante la presentación del informe “Cuatro años perdidos en materia de seguridad”, Francisco Rivas, director general del ONC, sostuvo que al observar el escenario delictivo del país se puede entender que “la seguridad está literalmente detenida con alfileres”.

Y es que, según el estudio, el gobierno federal llegó al último tercio de la administración con un saldo caracterizado por un desgaste institucional; con la centralización de las decisiones. Así como pura operación y cero planeaciones, además de una mayor fragilidad presupuestal.

En materia de delitos se dijo que los delitos de: Homicidio doloso (en 2019); feminicidio (en 2021); otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal (en 2022); extorsión (en 2022); otros delitos que atentan contra la libertad personal (en 2022).

Robo a negocio (en 2019); narcomenudeo (en 2022); trata de personas (en 2022); otros delitos que atentan contra la sociedad (en 2019); violación (en 2022) y violencia familiar (en 2022), alcanzaron su tasa máxima histórica durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el documento añade que a pesar del “cambio de estrategia” del gobierno federal, las organizaciones delictivas no sólo han permanecido, sino que su operación ha evolucionado en detrimento del bienestar de la población, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mientras que en seguridad pública se han llevado a cabo diversas reformas del marco jurídico teóricamente relevantes. Sin embargo, se advierte que los resultados han sido mínimos o nulos en algunos rubros. Aunque el gobierno federal prometió acabar con la impunidad, no ha generado herramientas jurídicas adecuadas para cumplirlo.

Al tiempo que existe una emergencia y consolidación de la violencia de género, pues se acentuaron los casos de violencia extrema, en particular, de los feminicidios.

Mismo caso para los homicidios contra actores sociales relevantes tales como periodistas, defensores ambientales y de derechos humanos, ministros de culto, policías, funcionarios del sistema de justicia penal, personal militar, entre otros.

Además de que persisten delitos severos como la trata de personas, robo de hidrocarburos, extorsión, por lo que “pacificar el país va más allá de revertir la tendencia de los homicidios. Implica que todas las personas puedan ejercer sus derechos sin miedo y que haya justicia para las víctimas. Esa era la expectativa al iniciar este gobierno. Pero no es la realidad en 2023”, subraya el estudio.

En este sentido, Francisco Rivas lamentó que la creación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, de la Ley de la Guardia Nacional y Ley Nacional del Registro de Detenciones no han dado resultados.

Mientras que la publicación tardía de los programas especiales no solo refleja que en cuatro años no se pudo atender satisfactoriamente lo que establece la Ley de Planeación, sino la pérdida de tiempo para atender e identificar el problema de seguridad. “Este gobierno se dedicó a operar sin planear su estrategia”, advierte el estudio.

Asimismo, se identificó que la relevancia del gasto público en seguridad ha disminuido durante los últimos años, ya que en 2018 de cada 100 pesos de gasto público se dedicaban 4.2 pesos a seguridad pública, y para 2022 se dedicaron solo 3.2 pesos.

“La austeridad y el cambio de paradigma de seguridad pregonado por el gobierno federal, no se ven materializados en el gasto público en seguridad. El presupuesto ejercido sigue concentrándose en “Combate al crimen” y en menor medida a prevenir el delito y a procurar e impartir justicia”, señala el informe.

Por otro lado, se dijo que las expectativas de un notorio cambio de las áreas de la administración pública federal y del fortalecimiento de la autonomía de las instituciones en materia de derechos humanos, atención de víctimas y procuración de justicia han quedado atrás ante el golpe de realidad.

Al tiempo que no ha existido un genuino interés por el óptimo funcionamiento de ciertas instituciones públicas, como lo demuestra el nombramiento de titulares sin experiencia ni trayectoria profesional congruente con los fines de la institución que encabezan.

Uso político de la Guardia Nacional

Finalmente, el análisis realizado por el ONC identificó que la Guardia Nacional se ha desgastado debido a las funciones asumidas y el uso político al que está siendo sometida.

Y es que se observó que su uso y presencia por cualquier asunto no disuade ni previene la comisión de delitos o faltas administrativas, al tiempo que se hace un despliegue con criterios que no corresponden con las cifras de incidencia delictiva ni la presencia del crimen organizado.

En este contexto se dijo que 77,516 elementos de la Guardia se encuentran adscritos a Coordinaciones Estatales y son empleados para tareas tan diversas como combatir el robo de combustible, frenar flujos migratorios y vigilar el metro de la Ciudad de México.

Por lo que dicho despliegue ha servido para exhibir la incapacidad de la institución pues acorde con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (2022): si bien recibió 244,701 llamadas de emergencia y denuncias al 088, así como 109,409 por otras vías (correo, aplicaciones y correo electrónico), apenas logró la puesta a disposición de 1,001 probables infractores de presuntas faltas cívicas y 6,104 probables responsables de presuntos delitos.

“No hay ningún elemento realizando funciones de investigación, prevención, proximidad social o reacción, pero sí hay 92,586 asignados a funciones “operativas no especificadas”, es decir, dispuestos para atender cualquier asunto u ocurrencia”, advierte el estudio.