Las trabas son una mala señal para la inversión, dice la IP

La incertidumbre desatada por la Supervía es una mala señal para las constructoras que deseen invertir en proyectos de infraestructura en el país, aseguró Juan de Dios Barba, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana del Distrito Federal.

Cualquier empresa que quiera participar en la construcción de infraestructura en el país, de una presa, de un aeropuerto, ¿qué seguridad jurídica va a tener si después de otorgados los contratos y los permisos, una resolución de esta naturaleza lo puede echar para abajo?, siempre habrá necesariamente un afectado , expuso el empresario.

Barba Nava consideró que no hay argumentos de peso para detener una obra de infraestructura que dijo no sólo es necesaria, sino indispensable, para la zona de Santa Fe. Por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) debería de canalizar su acción a garantizar que cualquier persona o ciudadano que resulte afectado por una obra como esta, sea oportuna y suficientemente indemnizada , pero no detener la construcción.

Aseguró que se debe ver el otro lado, pues empresas que ganan una licitación y comprometen inversiones millonarias para la construcción de infraestructura deben tener garantizado su derecho a una indemnización ante la suspensión de un contrato.

La vía del conflicto

Julio Calva, investigador del Departamento de Arquitectura del Tec de Monterrey, aseguró que la Supervía será sólo un disfraz al problema del tráfico en la zona, pues en cinco años la Supervía también estará saturada. La opción, detalló el catedrático, sería mejorar el transporte público de la zona, con la instalación, por ejemplo, de un tren suburbano. La asociación civil El Poder del Consumidor propuso al gobierno capitalino la construcción de ocho corredores de Metrobús, que transportarían a 762,000 usuarios diariamente.

Incluso, Calva propuso medidas más radicales como es la restricción en el número de automóviles por familia y hasta trazar de nuevo vialidades para poder entrar y salir de la zona, aunque afirmó, esto requeriría de la expropiación de muchos predios y traería consigo altos costos políticos. El proyecto contempla que la mitad de trazo se realizará en túneles que pasarán por debajo de zonas ecológicas, los cuales no impiden la infiltración de los escurrimientos al subsuelo. Mientras que los puentes atravesarán barrancas, con esto, el Gobierno del Distrito Federal busca impedir que la mancha urbana siga extendiéndose.

Para el arquitecto, esta obra no logrará detener los asentamientos urbanos, además de que los gases que emanen de los automóviles que pasen por la vialidad dañarán el ecosistema de barrancas y áreas verdes. Se estima que sobre esta vía transitará una ruta de RTP, que beneficiará a 30,000 pasajeros que no usarán automóvil. Sin embargo, su paso sobre barrancas y áreas ecológicas, así como la expropiación de predios suscitó la inconformidad de los habitantes de las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.

La historia en tribunales

A mediados del 2010, un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó la suspensión de la obra que habían solicitado los vecinos de Magdalena Contreras. Aunque quedaba pendiente el proceso de impugnación del otorgamiento del título de concesión.

Días después, los vecinos impidieron la entrada de maquinaria a los predios expropiados de la colonia Malinche, en la delegación Magdalena Contreras, que comenzarían a derrumbar las estructuras. Después de este hecho, los vecinos integrantes del Frente Amplio contra la Supervía pidieron a la CDHDF que entrara como mediadora entre ellos y el GDF para garantizar el diálogo, además de que pidieron que la administración central hiciera pública la información sobre el proyecto vial.

El 1 de enero, el GDF envió cerca de 300 granaderos para sitiar y vigilar los predios expropiados en La Malinche.

Los inconformes montaron un campamento para protestar de manera pacífica; sin embargo, los jaloneos entre vecinos y funcionarios del GDF no se hicieron esperar. En varias ocasiones el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, reiteró que la obra va porque va y que legalmente no podría detener la construcción. El GDF tiene pendiente la respuesta a la recomendación de la CDHDF, aunque aseguró que la obra continuará.

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