Legalidad, trabajo del gobierno y la Iniciativa Privada

Para establecer una cultura de la legalidad en México es necesario que las instituciones públicas y privadas realicen cambios en sus esquemas laborales, que permitan el funcionamiento correcto de la sociedad, explicó Francisco Javier Rivas, director del proyecto Cultura de la Legalidad en México del National Strategy Information Center.

La ilegalidad no es un problema exclusivo de la administración pública del país, es un problema que todas las sociedades viven, sólo que en algunas causa mayores dificultades que en otras , aseguró durante su ponencia en el foro de seguridad organizado por El Economista.

Si bien el término legalidad hace referencia a las normas establecidas dentro de una sociedad, Rivas destacó la importancia de mantener una buena práctica de las mismas, como una necesidad de convivencia social e institucional.

El problema es cuando la ilegalidad se vuelve un sistema, con lo que hay que tener cuidado, pues hay sectores empresariales completos que no permiten el funcionamiento correcto del país si no trabajan bajo la legalidad , agregó.

Empresarios la base para la legalidad

En el fortalecimiento de la seguridad, Rivas destacó el trabajo que realizan los empresarios, quienes fueron señalados como uno de los actores principales para acabar con la ilegalidad en el país a la par de las instituciones públicas.

Si los funcionarios públicos y las empresas promueven y atienden de manera oportuna sus propias necesidades, dan mayor promoción al respeto entre sus empleados e incentivan la cultura de la legalidad a través del ejemplo; es posible no sólo reducir, si no que también erradicar la delincuencia de las organizaciones , aseguró.

Sin embargo, destacó que de no mantener prácticas que fomenten el respeto de la ley y los reglamentos institucionales se generará un descontento entre su personal, que al sentirse limitado iniciará prácticas ilegales fuera de la institución.

Los empresarios son quienes pueden contribuir a mantener o a incrementar las condiciones de legalidad del país a través del establecimiento de medidas ejemplares en sus operaciones productivas o de la prohibición de acciones degenerativas para reforzar el combate al delito , explicó.

Enfatizó que el establecimiento de acciones que faculten una convivencia institucional bajo el marco legal permitirá que se lleven a cabo procesos más claros y transparentes que desembocarán en una mayor autonomía.