Ley de DH, en el inicio del sendero

Las reforma constitucional que en el 2011 reconociera la importancia en materia de derechos humanos al modificar el artículo primero constitucional implica un cambio jurídico y cultural que ha significado ubicarse en el inicio de un sendero complicado y anhelado, coincidieron los presidentes de la Primera y Segunda Sala al rendir el Informe Anual de Labores 2013, respectivamente.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala, advirtió que nos encontramos en el inicio de un sendero tan complicado como anhelado en el proceso de la evolución hacia el nuevo sistema de protección en materia de derechos humanos .

Refirió que los órganos del Estado se están adecuando al cambio y afirmó que hoy el ciudadano demanda mejores instrumentos para hacer valer sus derechos y obtener una justa decisión en los asuntos que le aquejan.

En tanto, el ministro Sergio Valls Hernández, presidente de la Segunda Sala, expresó que estamos viviendo un momento histórico como consecuencia de las diversas reformas constitucionales tales como las surgidas en el 2008 las cuales modificaron el sistema de justicia penal y las efectuadas en el 2011 sobre la importancia del reconocimiento de los derechos humanos y la nueva Ley de Amparo .

En sus palabras, estas reformas significan un cambio jurídico-cultural que obliga a redefinir algunos conceptos, adoptar nuevas tecnologías y modificar procedimientos para el ejercicio de la labor jurisdiccional.

Puede haber democracia económica, democracia electoral; pero si no hay una justicia transparente y eficaz que responda a la necesidad del ciudadano de tener la certeza de la protección de sus derechos fundamentales y de sus bienes, entonces no se cumple con el mandato que los propios mexicanos han conferido a sus gobernantes , sostuvo el ministro Valls.

El ministro Pardo rebolledo resaltó que una de las sentencias resueltas por la Primera Sala y que generó un interés especial por parte de la opinión pública debido a su impacto en la sociedad fue el amparo que se le otorgó a la francesa Florence Cassez, otorgándole la inmediata libertad al estimarse que la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar la invalidez de todo el procedimiento.

De este caso se concluyó que, con relación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se estará ante una dilación indebida cuando no existiendo motivos razonables la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad competente para definir su situación jurídica.

ana.langner@eleconomista.mx