Liberación de militares no los exonera en el caso Tlatlaya

La liberación de cuatro militares involucrados en los hechos de Tlatlaya muestra que la PGR y el Poder Judicial de la Federación no han garantizado el acceso a la justicia a las víctimas, ni exonera al Ejército de su responsabilidad en la masacre, dijo el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh organización que representa a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia , explica que tanto la PGR como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificaron privación arbitraria de la vida en las personas que se encontraban rendidas ante los elementos castrenses.

Asimismo, ambas instituciones acreditaron otras conductas ilegales, como la alteración del lugar de los hechos y encubrimiento. En particular, la CNDH resolvió en la Recomendación 51/2014 que entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; resolviendo además la violación a otros derechos como la verdad, el acceso a la justicia y la integridad personal respecto de las sobrevivientes.

La abogada indicó que Clara, principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya, no ha sido reconocida como víctima, debido a que las autoridades consideran que Erika, su hija, no fue de las personas que acusa el Centro ProDH que fueron ejecutadas en los hechos del 30 de junio del 2014.

Por su parte, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, confió en que la PGR apele la resolución del juez que puso en libertad a los cuatro elementos.

Recordó que la CNDH dirigió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional, PGR y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por lo hechos donde murieron 22 personas en un supuesto enfrentamiento con elementos del Ejército.

González Pérez explicó que aunque el organismo comprobó violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas, el documento dirigido a las autoridades no necesariamente tiene que empatar con la determinación judicial. Nosotros no investigamos delitos, investigamos violaciones a derechos humanos , refirió.