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Política

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Llamado a nombrar a los magistrados anticorrupción

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA realizó diversos llamados para avanzar en puntos de la agenda anticorrupción, como el nombramiento de los magistrados especializados, la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción.

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) realizó diversos llamados para avanzar en puntos de la agenda anticorrupción, como el nombramiento de los magistrados especializados, la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción, complementar los sistemas locales y reforzar las medidas para evitar conflictos de interés por parte de funcionarios públicos.

“Reconocemos que la lucha anticorrupción es uno de los principales objetivos del actual gobierno, es por eso que exhortamos al presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar a la brevedad una nueva lista de candidatos (a magistrados anticorrupción) para ratificación del Senado, que cumpla con lo establecido en el artículo 76 de nuestra Constitución política y haciéndola acompañar de la justificación de idoneidad, con la trayectoria profesional, académica y de intachable honorabilidad de las personas propuestas para que sea valorada por el Senado”, indicó el CPC.

El Comité Ciudadano, al frente de José Octavio López Presa, afirmó que los magistrados son fundamentales para el funcionamiento del SNA, ya que son ellos los únicos facultados para resolver casos graves de faltas administrativas cometidas por funcionarios.

“En tanto no estén funcionando estas salas especializadas (con los magistrados), la tramitación de estos procedimientos no cuenta con la instancia competente para ello, situación que provoca un estado de impunidad”, alertó el comité.

Sobre el caso de los Sistemas Locales Anticorrupción, el CPC llamó específicamente a la Ciudad de México, Campeche y Chiapas a completar sus sistemas con procesos que se apeguen a principios de transparencia, publicidad e imparcialidad.

En materia de conflicto de interés, el Comité de Vigilancia del SNA enfatizó que si bien los formatos de declaraciones patrimoniales recientemente aprobados abonan a prevenir dichos casos, todavía no es suficiente.

“Consideramos que resulta indispensable la expedición de reglas específicas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a fin de evitar que funcionarios de todos los ámbitos y niveles de gobierno participen en casos en los que tengan conflicto de interés y que promuevan la total transparencia de estas situaciones”, indicó.

Sobre la Política Nacional Anticorrupción, el CPC enfatizó que han pasado meses desde que se entregó la propuesta de norma a los integrantes del Comité del SNA, integrado por la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, la Fiscalía Anticorrupción, entre otros y, pese a ello, aún no se ha tocado como un tema prioritario en el SNA.

“Por lo anterior, hacemos un llamado respetuoso a los integrantes de dicho Comité Coordinador a trabajar conjuntamente en el análisis, así como en el perfeccionamiento en conjunto y, en su caso, aprobar dicho documento a fin de contar, a la brevedad, con un documento que establezca los objetivos, líneas generales y acciones a seguir en materia del combate a la corrupción”.

Políticamente expuestos

El exvicepresidente de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Iván Alemán Loza, observó positivamente que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública alisten una plataforma con información de las personas políticamente expuestas.

Ello, con la finalidad de que los sujetos obligados, como instituciones financieras, realicen una debida diligencia en caso de tener alguna relación comercial con una de ellas; sin embargo, el mayor reto para conformar dicho espacio es tener a detalle la información de funcionarios de estados y municipios, consideró.

De acuerdo con Alemán Loza, si bien en la actualidad se cuenta con una lista de los cargos de personas políticamente expuestas, ésta tiene aspectos de mejora para que los sujetos obligados tengan información más a detalle de estas personas que por ocupar un cargo en la función pública están expuestas a riesgos de lavado de dinero.

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