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Llaman a garantizar que mando de la Guardia Nacional sea civil
La corporación actualmente está conformada por más de 100,000 elementos, de los cuales la mayoría provienen del Ejército y la Marina.
La militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes, ya que los cambios jurídicos han sido acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias, indicó un informe del CentroPro DH.
La ONG precisó, en el documento Poder Militar: La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, que se ha vuelto común, durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones.
Se explicó, en el marco de la conmemoración de dos años de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, que tradicionalmente la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones:
Primero, la relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia; segundo, la vinculada con que este despliegue suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos y, tercero, la asociada con que el fortalecimiento del sector castrense puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.
Estas tres preocupaciones subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, ya que las reformas legales aprobadas trascenderán a la actual administración.
Ante este panorama el informe recomienda que “se debe impulsar una revisión de la composición de los niveles de mando en la Guardia Nacional que realmente refleje la naturaleza civil a la que alude la Constitución. Esto no ocurre hoy, pues las posiciones orgánicas más relevantes están copadas por servidores públicos provenientes del Ejército mexicano”.
El CentroPro también recomendó que, a la par, las actuaciones de los elementos del Ejército y la Marina que, aún se encuentran tareas de seguridad pública, deben ser monitoreadas a través de informes periódicos al Congreso de la Unión.
“Además de estas medidas puntuales, después del anuncio presidencial del 15 de junio de 2021 en el sentido de que el Ejecutivo a su cargo promoverá una reforma constitucional para asegurar que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional, es fundamental insistir en que una modificación en este sentido implicaría un inédito escenario de militarización, de carácter permanente y ya no transitorio, que por sí mismo cancelaría en definitiva la posibilidad de que prevalezcan componentes mínimos de naturaleza civil en la Guardia”, acotó.
Discutirá SCJN militarización
Por su parte, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) anunció que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un amparo que interpuso contra la Ley de la Guardia Nacional (LGN).
En dicho amparo, MUCD argumentó que la LGN centraliza las labores de seguridad al mando del Ejecutivo, invadiendo competencias de estados y municipios y subordinado a las autoridades locales a la Guardia Nacional.
“Que la ley no establece supuestos que garanticen que la corporación se mantenga como un cuerpo civil; y que no hay mecanismos para asegurar que la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública al interior de la Guardia Nacional sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada”, indicó la organización civil mediante un comunicado.
En un inicio, el recurso de la ONG había sido turnado a una de las salas del máximo tribunal del país, no obstante, se decidió finalmente que sean los 11 ministros los que discutan el tema.
Cabe mencionar que aún no hay una fecha definida para que los ministros discutan el tema.
