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Política

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Los acuerdos del Pacto por México que no encontraron salida

A un año de ser presentadas, las iniciativas de EPN para elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores y crear un seguro de desempleo para trabajadores, así como su respectiva legislación secundaria, siguen sin avanzar en el Congreso de la Unión.

A un año de ser presentadas, las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto para elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores y crear un seguro de desempleo para trabajadores, así como su respectiva legislación secundaria, siguen sin avanzar en el Congreso de la Unión, un proyecto que, además, formó parte de los compromisos del Pacto por México.

Entre las 17 iniciativas presidenciales que aún no son aprobadas por senadores y diputados federales (y que representan 27% del total entregadas a legisladores en lo que va del sexenio), se encuentra un paquete de reformas a los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución, en materia de seguridad social universal.

En el proyecto, presentado el 10 de septiembre del 2013, el presidente plantea que en la Carta Magna se establezca el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez.

Asimismo, para precisar que el Estado deberá proteger los derechos de este sector, mediante mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra, velar porque reciban servicios de salud, así como promover su integración social y participación en las actividades económicas, políticas, educativas y culturales.

Además, el Ejecutivo propuso facultar al Congreso para legislar en materia de protección de los adultos mayores, así como en materia de seguro de desempleo para los trabajadores y establecer el derecho de los legisladores federales para expedir una ley reglamentaria para dicho seguro, en la que se prevean las condiciones de financiamiento y los requisitos para acceder al mismo.

En la iniciativa presidencial se argumenta, por ejemplo, que las limitaciones de los programas de pensiones han generado el crecimiento, en años recientes, de diversos programas de protección social, tanto a nivel federal como local.

Y en este tenor, se advierte que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha indicado que estos programas, más allá de los beneficios que muchos de ellos han generado para su población, no siempre son el resultado de un diagnóstico correcto, están dispersos en cuanto a su operación y objetivos, no cuentan con la participación de expertos en su diseño y no consideran su complementariedad o posible duplicidad con otros programas estatales y federales ya existentes.

Otras reformas presidenciales que próximamente podrían cumplir un año de presentadas -el próximo 22 de octubre- son las relacionadas con leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 de la Constitución, para regular las facultades de autoridades para restringir o suspender garantías, y sobre el derecho del Ejecutivo para expulsar extranjeros del territorio nacional.

mauricio.rubi@eleconomista.mx

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