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Política

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Lucha vs corrupción costará 7,000 mdp

La presidenta del Comité, Jacqueline Peschard, también expuso que no han recibido recursos para el funcionamiento de la instancia que encabeza.

Para el ejercicio fiscal del 2017 la Federación erogará hasta 7,382 millones 784,160 pesos para combatir a la corrupción a nivel nacional, afirmó Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.

En el reporte Descifrando la Corrupción , que presentó la organización este jueves, se precisa que son 48 instancias federales las que han presupuestado diferentes montos para el combate a la corrupción.

En este sentido destacan las aportaciones del Poder Legislativo y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); los cuales, de acuerdo a Ethos, son las instancias que más recursos destinarán al combate a la corrupción, el primero con 2,275 millones 766,700 pesos y el Tribunal con 2,554 millones 777,815 pesos.

En la nota metodológica de la estimación de los recursos, el centro de análisis indica que para llegar a tal suma se tomaron en cuenta el presupuesto total de la Secretaría de la Función Pública, del TFJA, así como el presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de todos los Órganos Internos de Control de las dependencias federales y ramas específicas en materia de combate a la corrupción de diferentes secretarías y organismos.

En la presentación del estudio, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Jacqueline Peschard, enfatizó que el monto precisado por Ethos corresponde sólo a lo que las instancias, a su interior, estimaron para la problemática y ese presupuesto no tiene que ver con el SNA.

Esos 7,000 y pico de millones de pesos es lo que las entidades ponen que están usando para combatir la corrupción... lo que yo quiero dejar aquí en términos del presupuesto es que esto tiene que revisarse muy claro a la luz del Sistema (Nacional Anticorrupción), a la luz de los nuevos sistemas de vigilancia, a la luz de las nuevas políticas públicas que tienen que diseñarse para que se puedan articular las funciones de las distintas autoridades , dijo.

En este sentido, ejemplificó la relación que mantiene la Auditoría Superior de la Federación con las denuncias que presenta ante la Procuraduría General de la República y de las cuales, dijo, no se tiene certeza de su procesamiento debido a una falta de comunicación y coordinación institucional.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas, reiteró la importancia del monitoreo que realiza la sociedad civil en los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), pues dijo, a diferencia del Sistema Nacional de Transparencia donde el INAI tenía jurisprudencia para verificar que en las leyes locales no existieran vicios o artículos contrarios al espíritu de la ley federal, en los SLA no hay esta figura.

Comité de participación, sin recursos desde su creación

Peschard comunicó que a más de tres meses de que iniciara operaciones el Comité de Participación Ciudadana, el cual preside, no se han entregado los recursos para su funcionamiento, por lo que las actividades que ha desempeñado hasta el momento han sido con recursos de las organizaciones de la Sociedad Civil.

El CPC que es la cabeza del Sistema, es la autoridad vigilante, propositiva; es la que tiene que proponer cierto tipo de políticas y, sin embargo, llevamos tres meses de vida y pues todavía no tenemos, ya no digan presupuesto... (ni) si quiera una oficinita donde reunirnos , dijo.

Agregó que ha existido un acercamiento con la Secretaría de Hacienda; sin embargo, aún no hay un punto de acuerdo para la designación de recursos.

A la presentación del estudio acudieron el presidente del INAI, Javier Acuña y la diputada Minerva Hernández.

hector.molina@eleconomista.mx

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