Más militares en la calles no es la solución: Morera

Organizaciones de la sociedad civil integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra advirtieron que aprobar la Ley de Seguridad Interior cambiaría la relación de poder entre el orden militar y civil, lo que trasciende al área de seguridad, y tendría implicaciones en el orden democrático y la gobernabilidad del país.

En conferencia de prensa al fijar un posicionamiento de decenas de organizaciones y personalidades de la vida pública y académica, señalaron que a más de una década de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, los índices de violencia no han disminuido.

“Esta ley de seguridad interior no es una ley que busca proteger a las personas, a la población civil (...) no es una ley que resuelve el problema de la seguridad pública en México. Se trata de una ley a modo para garantizar, en mi opinión, la impunidad militar y la dependencia de la clase política a los militares”, dijo José Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

María Elena Morera, de Causa en Común, señaló que frente a la crisis que vive nuestro país en materia de inseguridad, impunidad, corrupción y de violaciones a los derechos humanos, la solución no está en tener mayor número de militares en las calles.

Los activistas recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da cuenta de que del 1 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre del 2016 ha recibido 82,745 quejas por violaciones a los derechos fundamentales, de las cuales 28.2% están dirigidas a las autoridades de seguridad pública (Sedena-Semar-PF-PGR).

En este sentido #SeguridadSinGuerra llamó a los legisladores a generar una ley respetando el marco jurídico constitucional e internacional; adoptar medidas excepcionales sólo a partir de mecanismos ya previstos; y fortalecer las policías de todos los niveles de gobierno.

listo, proyecto de dictamen

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados citó para este jueves a una reunión para dictaminar la ley de seguridad interior, la cual establece que las Fuerzas Armadas no podrán estar más de un año en tareas de seguridad pública.

El proyecto de dictamen establece que a solicitud del gobierno o congresos estatales, el presidente de la República podrá emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior para el envío de las Fuerzas Armadas a zonas específicas donde haya una conflictividad en materia de seguridad que no puedan resolver las autoridades locales.

El artículo 20 de la ley menciona que las Fuerzas Armadas “sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.

Además, la ley establece en su artículo 8 que “las movilizaciones de protesta social (...) bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.