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Mayoría de detenciones de indígenas en México son arbitrarias
En la actualidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene documentado que en el sistema penitenciario del país hay 8,334 personas indígenas recluidas; en la mayoría de los casos no han sido asistidos por un defensor e intérprete o traductor acompañante.
En la actualidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene documentado que en el sistema penitenciario del país hay 8,334 personas indígenas recluidas; en la mayoría de los casos no han sido asistidos por un defensor e intérprete o traductor acompañante. En otros casos, los indígenas desconocen el motivo por el que están internos.
De acuerdo con el organismo de esta población, 8,007 son varones y 327 mujeres. Además, 7,632 pertenecen al fuero común y 702 al fuero federal.
Con base en datos de la CNDH, los hechos violatorios que más sufren los indígenas son la detención arbitraria, incomunicación, tratos crueles, carencia de intérpretes y defensores públicos que les den asesoría jurídica inmediata; así como de deficiente atención médica.
En ocasiones los indígenas no son recluidos, pero los tratos -cuando los arrestan- son excesivos. Por ejemplo, el organismo tiene registro de que en Acapulco, Guerrero una indígena nahua acudió a un centro comercial y cuando estaba por salir fue interceptada por personal del establecimiento, quienes la acusaron de robo, por lo que fue detenida.
Elementos de la Policía Municipal, adscritos a la Policía Preventiva Turística de Acapulco, Guerrero, fueron quienes la arrestaron. La indígena preguntó en su dialecto (náhuatl) por qué la detenían, al no recibir respuesta forcejeó con los elementos policiales, pero en respuesta le jalaron el cabello, le rompieron el mandil y posteriormente la sometieron con el uso de la fuerza física.
Después fue subida a una patrulla, donde los elementos policiales la mantuvieron esposada con las manos hacia atrás, con la cabeza agachada y sin poder moverse durante un lapso de 30 a 40 minutos aproximadamente, hasta que fue puesta a disposición del Juez Calificador Municipal, quien decretó su libertad al no existir denuncia en su contra por ninguna persona del centro comercial.
Según las cifras exhibidas por el organismo, se han realizado visitas a centros penitenciarios que registraron población indígena, ubicados en 17 entidades federativas. El objetivo es analizar los expedientes procesales y médicos, además brindarles orientación jurídica.
En el primer semestre de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó a las autoridades penitenciarias y en vía de colaboración ante los Jueces de Ejecución del país un total de 265 casos de sentenciados indígenas, logrando la libertad anticipada de 53 personas.
De ellas, 12 tenían sentencia del fuero federal y 41 del común; 51 hombres y dos mujeres, de los cuales el mayor número pertenecen a los pueblos o comunidades indígenas tzotzil, náhuatl y tzeltal.
