México rechaza eliminar figura del arraigo

Si bien el Estado mexicano aceptó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la mayoría de las 176 recomendaciones que se le efectuaron en octubre del año pasado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), rechazó aquellas relacionadas con la eliminación de la figura del arraigo y el reconocimiento de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para analizar casos individuales de víctimas de esta práctica, temas que a decir de Organizaciones No Gubernamentales -nacionales e internacionales- son el esqueleto que respondería a la realidad de violencia que se vive en el país.

En octubre pasado el Estado mexicano fue sometido a su segundo EPU, del cual emanaron 176 recomendaciones hechas por los países miembros en relación a temas como protección a defensores y periodistas, eliminación del fuero militar, acceso a la justicia de las mujeres y eliminación de la figura de arraigo.

Durante el 25 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno aceptó un número significativo de recomendaciones. Sin embargo, rechazó varias de ellas relacionadas con temas fundamentales como la eliminación de la medida cautelar y el reconocimiento de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU para analizar casos individuales de víctimas, explicó en entrevista Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Al respecto el representante de la oficina en México de Amnistía Internacional (AI), Perseo Quiroz, expresó que el Estado mexicano aceptó las encomiendas que han estado en la agenda pública durante mucho tiempo y que se mantuvieron bajo alta presión internacional.

Para Quiroz donde estaba la prueba de fuego, y lo que hubiera marcado una clara voluntad para la construcción de una política en materia de garantías fundamentales, era el tema del arraigo y las desapariciones. No obstante, el gobierno atendió a la continua postura conservadora que no deja ver la intención por cambiar la situación en la que está el país .

Desde que México se presentó por primera vez ante el EPU en 2009, la situación se ha deteriorado, expuso durante la sesión celebrada en Ginebra, Suiza, Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. La llamada guerra contra el crimen organizado ha tenido un impacto negativo en el goce y disfrute de los derechos humanos .

En tanto, Alba Bescos Pou, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), expresó que aunque este organismo saluda que México mantiene el compromiso para prevenir y sancionar la comisión de actos de tortura, desde el último EPU, a pesar de numerosas recomendaciones, esta práctica sigue siendo sistemática.

La OMCT también está preocupada por la vigencia de la figura de arraigo, así como las iniciativas encaminadas a reducir en lugar de eliminar esta medida. El arraigo presenta un obstáculo a la vigencia de la presunción de inocencia y a la libertad personal, ya que esta práctica facilita la tortura , sentenció Bescos Pou.

Por otro lado, destacó que la desaparición en México ha resurgido con una fuerza estremecedora. Desde que en 2006 se dio inicio a la llamada guerra contra la delincuencia organizada. Actualmente se reconocen 26 mil 121 personas como desaparecidas, sin que se les haya buscado seriamente por el Estado .

LA RESPUESTA DEL ESTADO

En comparecencia, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, informó que el análisis de las recomendaciones se realizó por un grupo de trabajo que incluyó a 37 dependencias e instituciones de la administración pública y tribunales judiciales del país.

El funcionario de la Cancillería detalló que casi la mitad de las recomendaciones hacia México se refirieron a la necesidad de consolidar o avanzar en procesos ya en curso, dotar de mayores recursos a mecanismos e instituciones ya existentes, acelerar la implantación de leyes y atender los pendientes que aún existen en materia de armonización legislativa.

El mensaje de la comunidad internacional es claro: México debe consolidar una política sólida en materia de derechos humanos sobre la base de los cambios legislativos y de política pública que ha puesto en marcha en los últimos años. En particular la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008 y la reforma de derechos humanos de 2011 , dijo.

Por su parte la subsecretaria de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, informó que para dar continuidad a las recomendaciones, el gobierno de México diseñará un mecanismo de seguimiento.

Algunas recomendaciones hechas en el marco del EPU

• Seguir examinando todas las reservas formuladas a los instrumentos internacionales de derechos humanos con miras a retirarlas (Guatemala).
• Continuar e intensificar sus esfuerzos para combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública (Chipre)/Seguir luchando contra la corrupción en todos los niveles (Cuba).
• Seguir fortaleciendo el Estado de Derecho para ofrecer un entorno seguro y estable a la población (Singapur).
• Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), asegurar la incorporación de la Convención al marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas (Francia).
• Aceptar la competencia del CED para recibir peticiones individuales (España).
• Redoblar sus esfuerzos en la lucha contra las desapariciones forzadas (Argentina),
• Seguir adoptando medidas para abordar de forma efectiva el fenómeno de la desaparición forzada (España).
• Abolir la práctica del arraigo, según lo recomendado por el Comité contra la Tortura (CAT) (Francia).
• Abolir el arraigo penal a nivel federal y estatal, ya que es contrario a las normas internacionales de derechos humanos (Alemania).
• Crear una base de datos de migrantes desaparecidos, y promover la cooperación de todas las autoridades para prevenir y sancionar los delitos contra este grupo (Noruega).

ana.langner@eleconomista.mx