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Militarización, grave amenaza a los derechos humanos: Human Rights Watch
Human Rights Watch (HRW) señaló que el plan de militarizar las tareas de seguridad pública federal en México, por tiempo indefinido, constituye una grave amenaza a los derechos humanos.
Human Rights Watch (HRW) señaló que el plan de militarizar las tareas de seguridad pública federal en México, por tiempo indefinido, constituye una grave amenaza a los derechos humanos.
En un comunicado la ONG expresó que, cuando los militares han estado a cargo de realizar tareas de seguridad pública, han existido detenciones arbitrarias y se ha detectado el uso de la tortura a través de descargas eléctricas, golpizas, o violaciones, con la intención de obtener confesiones.
Además de que, tanto soldados como marinos, han ejecutado a civiles no armados en ocasiones de forma deliberada y perpetrado desapariciones forzadas, sin que los responsables sean llevados a la justicia.
“Casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos y han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos, con casi total impunidad”, dijo Tyler Mattiace, investigador para México de HRW.
La organización añadió que la milicia se ha negado a divulgar información sobre abusos o su posterior encubrimiento, aunque la ley de transparencia lo exige.
Refirió que en los tres primeros años de la presidencia de López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó de 640 enfrentamientos con civiles armados en donde se registraron 515 decesos de presuntos agresores; 89 resultaron heridos y se detuvo a otros 381.
Por lo general, ahondó HRW, las autoridades no realizan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza letal por parte de militares en las operaciones de seguridad pública.
Guardia Nacional
La organización destacó que, a pesar de que la Guardia Nacional (GN) sería un organismo civil, se determinó que militares supervisarán la transición y auxiliarán en las tareas de la organización, hasta marzo del 2024.
Cabe señalar que desde hace dos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente de resolver acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de la Guardia Nacional y otros recursos en contra del acuerdo presidencial por el que el titular del Ejecutivo federal dispuso en tareas de seguridad pública a las FA hasta el 2024.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró el pasado jueves, en la reunión plenaria de diputados de Morena, que será este 1 de septiembre cuando el presidente mexicano envíe una iniciativa, de carácter preferente, para que la GN pase a la Sedena.
