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Ministro Alcántara propondrá invalidar orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca
Planteará a los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN ordenar a la FGR y al juez que lleva la causa abstenerse de violar la inmunidad procesal del gobernador de Tamaulipas.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Foto EE: Archivo / Cortesía Twitter
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, propondrá a sus compañeros que integran la Primera Sala de ese alto tribunal declarar la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con los puntos resolutivos de la ponencia, se pretende aprobar: primero, que es procedente y fundada la controversia constitucional 70/2021, promovida por el Congreso de Tamaulipas y, luego, declarar la invalidez de la orden de aprehensión expedida por el juez de control del Centro de Justicia Penal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Iván Aarón Zeferín Hernández, en la causa penal 139/2021, en contra del titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas.
Los efectos que eso traería serían decretar la invalidez de los actos impugnados y vincular al juez demandado y a la FGR para que se abstengan de violar la inmunidad procesal del gobernador.
Este miércoles la Primera Sala de la SCJN, integrada por los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, decidió aplazar la discusión de la controversia antes citada y la número 50/2021. Esta última es mediante la cual el Congreso de Tamaulipas impugnó el desafuero determinado por la Cámara de Diputados, abril de 2021, cuando se constituyó en Jurado de Procedencia.
La orden de aprensión que quedaría sin efecto, si los otros cuatro jueces deciden apoyar con su voto la ponencia, es por la comisión de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La Primera Sala de la SCJN determinó este miércoles que analizará el asunto una vez que pase la elección de gobernador de Tamaulipas, a realizarse el domingo 5 de junio próximo.
El 30 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra del gobernador García Cabeza de Vaca.
La petición de declaración de procedencia fue formulada por los fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, de la Fiscalía General de la República.
En esa sesión, la Sección Instructora, sostuvo que existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el Impuesto Sobre la Renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de seis millones de pesos.
Por su parte la fiscal titular de la Fiscalía General de la República, Elizabeth Alcantar Cruz, expuso en aquella ocasión que de la investigación efectuada dentro de la carpeta con terminación 392-2020, se obtuvieron medios probatorios de los que se desprenden hechos con apariencia de delito y la probabilidad de que el mencionado participó en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Mencionó que el 30 de abril de 2020, Cabeza de Vaca presentó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) su declaración anual del ejercicio fiscal 2019 en la que consignó ingresos menores a los realmente obtenidos causando con ello un perjuicio al fisco federal por dejar de pagar la contribución correspondiente. La Procuraduría Fiscal de la Federación, acorde a sus atribuciones, hizo un cálculo de un perjuicio de 6 millones 511,767 pesos, como daño al fisco federal.
En tanto, Alonso Aguilar Zínser, abogado defensor, puntualizó ante el Jurado de Procedencia que el gobernador no omitió declarar sus ingresos acumulables. “Nosotros acreditamos que los 42 millones 113, 844 pesos constituyeron el monto del precio por la venta del departamento ubicado en la colonia Santa Fe, adquirido por el gobernador y su esposa”.
