Mucho ruido y pocas nueces o el caso Odebrecht en Colombia

Martínez: Esto son coimas, ¿sí o no? Diga si es cierto, sí o no?

Pizano: Sí, sí.

(...)

Martínez: Entonces ahora estamos en un problema y es que no sabemos en qué estamos metidos.

Pizano: Sí. Si hay que ponerse y media o te tengo que poner una cúrame si pero ahora qué mes vas descalzo que no tienes ja ja bueno vamos a llama a Gaia señor

Martínez: No sabemos si es que le estamos dando plata a los paramilitares.

Pizano: Si, sí

Martínez: Si hay corrupción, se la están robando ellos de hijueputas ladrones.

Pizano: Sí

Martínez: Venga le digo todas las hipótesis que estamos trabajando. No sabemos si esos hijueputas están pagando coimas desde aquí a gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano.

…Más adelante en la conversación…

Pizano: Yo no quiero, excúsame, yo no quiero que ahora en Corfi me odien o qué tal. Me quedo yo sin trabajo

Martínez: Noo… Pero si esto lo estamos … Voy a llamar a Sarmiento y le voy a decir que él tiene que estar en la reunión de las 11. ..Mire, llámame al doctor Sarmiento, urgente, urgente.

Esta conversación sucedió en agosto de 2015 entre dos protagonistas del caso de corrupción de la Concesionaria Ruta del Sol II de la que Odebrecht era su socio principal. El primero es Jorge Enrique Pizano, en ese momento controller financiero de la mega obra de mil millones de dólares, que consistía en mejorar vías existentes, construir una segunda calzada en tramos, comprar predios y operar y mantener 528 kilómetros que iban desde el centro del país hasta el Caribe colombiano. El segundo es Néstor Humberto Martínez, en ese momento asesor jurídico del Grupo Aval, un conglomerado financiero fundado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia según Forbes.

El Grupo Aval, con su empresa Estudios y Proyectos del Sol (Episol), tenía el 33% de la Concesión de la Ruta del Sol II, las brasileñas Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Investimentos en Infraestructura Limitada el 61,2%, y CSS Constructores, S.A. el 4,9%. Además, Corficolombiana, otra empresa del grupo AVAL, administraba mediante un patrimonio autónomo los recursos financieros para la obra.^[1] Estos provenían de aportes del Estado, peajes e inversiones y créditos de los socios privados. Los mismos concesionarios crearon el Consorcio Constructor del Sol (Consol) que además de construir la obra, subcontrataba a múltiples empresas que hacían trabajos específicos. De esos contratos a terceros era que le estaba hablando Pizano a Martínez, a quien recurría ese agosto de 2015 pues ya llevaba años denunciando que había arreglos ficticios, inflados o duplicados y a nadie parecía importarle.

Pasan tres años. Pizano ya no es más controller de la Ruta del Sol II. Es noviembre de 2018 y —según la versión de la Fiscalía de los hechos— Pizano está en el estudio de su finca a las afueras de Bogotá. Prepara una botella de agua con cianuro, la deja sobre su escritorio y se va al baño a afeitarse. Y allá, en el baño, lo mata un infarto.

Su hijo Alejandro, de 31 años, volvió a la finca después de enterrar a su padre. En el estudio, queriendo sentirlo otra vez cerca, se puso el saco de su papá y se sentó en su escritorio. Probó un sorbo del agua que se veía aguamarina e intentó escupirla porque sabía mal. A las pocas horas murió camino a un hospital. Este fue el dictamen de la Fiscalía cuya cabeza, al momento de la muerte de los Pizano, era Néstor Humberto Martínez.

Su hijo Humberto Martínez, escribió una carta pública lamentando la terrible muerte de su gran amigo Alejandro Pizano en la que rechazaba la suspicacia de quienes creían que ni Pizano se había muerto de un infarto, ni su hijo por envenenamiento accidental:

“No se puede aceptar que una pérdida familiar de esta magnitud esté siendo utilizada para crear suspicacias donde no las hay. No está bien que personas extrañas a nosotros, que no conocen la naturaleza de la relación entre las dos familias, se aprovechen de la manera más abusiva de la tragedia para promover teorías de persecución en busca de su propio beneficio”.

A pesar de la carta, este relato oficial de las muertes de Pizano y su hijo tan difícil de creer desató un escándalo nacional. Pizano, a quien además le habían diagnosticado cáncer linfático, había hablado antes con María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana quien aportó muchas claves del caso Odebrecht. Esto le dijo:

“Yo advertí durante tres años en mis informes de los malos manejos administrativos (irregularidades) antes de que estallara el escándalo en diciembre de 2016. Esas advertencias fueron múltiples correos que se consolidaron en un informe del 25 de junio del 2015 y de los que estaba enterado Corficolombiana, la Concesionaria y Consol. Tengo claro que me volví incómodo para el Grupo Aval y para el fiscal. Eso coincide con mi abrupta salida de mi puesto de ‘controller’ a finales de 2017 y con las investigaciones que me está montando la Fiscalía”.

Se vino una avalancha de especulaciones y miles de personas salieron a la calle a pedir la renuncia del fiscal. El país ya sabía que la soñada carretera Ruta del Sol II había sido un barril sin fondo de corrupción; que además de las denuncias de Pizano sobre los contratos, los funcionarios de Odebrecht habían confesado ante la justicia de Estados Unidos haber pagado en el exterior millones de dólares en sobornos; y sabían que otros miles de millones de pesos fluyeron a congresistas y campañas políticas.

Dos meses después de la muerte de los Pizano, el 27 de diciembre de ese año, Rafael Merchán, exsecretario anticorrupción del gobierno de Santos que había sido citado como testigo de las investigaciones por el escándalo de Odebrecht, se suicidó con cianuro en su apartamento en Bogotá. “Fue una decisión autónoma y personal”, lamentaron sus familiares a la prensa colombiana.

El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, en colaboración con el Quinto Elemento Lab y otros ocho medios de la región*, hizo un corte de cuentas al intenso caso de Odebrecht en Colombia, para ver qué nueces quedaron después de tanto ruido.

Para ello envió una decena de peticiones de información a las entidades públicas, revisó expedientes de las condenas relacionadas al caso, analizó un extenso laudo arbitral surgido de las demandas al Estado de los socios y financiadores de la Ruta del Sol II, recogió las distintas filtraciones de la contabilidad secreta de la División de Operaciones Estructuradas (DOE) desde la cual la firma de ingeniería pagó los sobornos y de sus cuentas bancarias en Andorra y Antigua, entrevistó a operadores de la justicia, protagonistas y testigos del caso, y rescató las revelaciones que han hecho los medios de comunicación colombianos y extranjeros a lo largo de estos años.

Esta investigación descubre pagos realizados en dólares en el exterior a cuentas off shore que no se conocían, y los nombres en código de los beneficiarios. Contrasta los logros de la justicia con los vacíos que ha ido dejando. Y pone de manifiesto las preguntas que han quedado sin responder, la principal de las cuales es quizás, si las estrictas exigencias de las autoridades de control colombiano frente a Odebrecht han llevado a que se conozca la mayor verdad posible del caso para contribuir así a desbaratar un juego corrupto, o si por el contrario, salió un corrupto, pero el juego salió indemne.

Movidas de urgencia

El 19 de junio de 2015, habían capturado en Brasil a Marcelo Odebrecht, presidente y heredero de la exitosa multinacional de ingeniería que tenía contratos en todo el continente, en conexión con el escándalo de Lava Jato, un cartel de empresas brasileñas que pagaron sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener contratos.

El controller Pizano estaba en una encrucijada: por un lado quería curarse en salud llevando su denuncia a Martínez, el cercano colaborador de Sarmiento Angulo, patriarca del Grupo Aval (y para ello grabó la entrevista citada, que sólo salió a la luz pública tres años después); por otro lado, no quería perder el trabajo que necesitaba. Tenía además una tercera razón: como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en diciembre de 2009 había firmado otro contrato de concesión con Odebrecht y CSS Constructores para que hicieran una obra de 85 millones de dólares, la construcción de un interceptor que llevaría aguas contaminadas del río Tunjuelo a la planta de tratamiento de Canoas, en un municipio vecino de la capital. Él había reiterado su inocencia en ese asunto, pero como desde el día de su adjudicación había habido denuncias de favores corruptos, temía que lo enredaran.

Por eso el controller no sólo habló con Martínez, sino que también envió un informe de seis páginas enumerando los contratos “que no habían surtido los procedimientos de contratación de la Concesionaria”^[2] al propio José Elías Melo, presidente de la Corficolombiana y escribió varios correos a otras personas del mismo grupo. Funcionarios de Grupo Aval habían sonado también la alarma del desangre, como surgió de la investigación de la Superintendencia de Sociedades.^[3]

Finalmente el Grupo Aval comenzó a investigar.

Entre septiembre y noviembre de 2015, sus ejecutivos se reunieron con los de Odebrecht para discutir la pertinencia de pagos realizados por la Concesionaria y Consol a favor de terceros y que según el criterio de Episol y Corficolombiana resultaban “innecesarios”. Crearon un comité de ética que al principio no halló irregularidades.^[4] No obstante, cuando las encontraron, las partes llegaron a un acuerdo en marzo de 2016 para no demandarse mutuamente, transigir las diferencias y tomar medidas para que no se siguieran haciendo estos pagos, según los testimonios ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, que decidió sobre una demanda de los concesionarios y las financiadoras de la obra contra el Estado. Este acuerdo incluyó que Odebrecht aceptara devolverle inmediatamente a la Corficolombiana casi 9,000 millones de pesos (unos 2.7 millones de dólares) y completar luego el reintegro hasta 33,000 millones de pesos (10 millones de dólares). En el papel quedó este reintegro como una devolución del fee de liderazgo de Odebrecht en la concesión.^[5] Explicando esta decisión luego de que estallara el escándalo, Martínez dijo que ese era el monto de los contratos que no se pudieron explicar.

¿Por qué si en el Grupo Aval les aterraba que su socio estuviera pagando sobornos no lo denunciaron a las autoridades, sino que firmaron este pacto de silencio, en cuya redacción participó el mismo abogado Martínez que había escuchado de viva voz de Pizano el calibre de las irregularidades? ¿Fue más un blindaje para protegerse del vendaval que auguraba la detención de Marcelo Odebrecht? ¿No denunciaron para no llamar la atención de las autoridades estadounidenses que podrían hacer preguntas, tratándose Aval de un conglomerado que cotiza en la Bolsa de Nueva York, y como tal, está sujeto a la ley que prohíbe a empresas estadounidenses ejercer prácticas corruptas (Foreign Corrupt Practices Act- FCPA)? Hasta hoy no hay respuesta a estos interrogantes.

En todo caso, si fue una medida de control de daño les resultó contraproducente porque la Procuraduría colombiana que vigila a los funcionarios públicos, consideró que este acuerdo de transacción era una prueba más de los actos de corrupción en la ejecución del contrato de Concesión de Ruta del Sol.^[6] A la postre, José Elías Melo, presidente de la Corficolombiana y uno alto ejecutivo del grupo financiero, fue condenado por la justicia por “interés en la celebración de contratos y por cohecho por dar u ofrecer” en relación al pago de 6.5 millones de dólares a Morales. Luego, la Securities Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia les enviaron preguntas sobre la Ruta del Sol II, como el mismo Grupo Aval lo reveló en sus reportes financieros de 2018 y 2019, aunque no está confirmado que estas se relacionen con la FCPA.^[7]

La captura de Marcelo Odebrecht coincidió también con un timonazo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Echando por la borda un impecable proceso meritocrático dirigido desde su propio despacho y sin mayor explicación, el presidente Santos resolvió incluir a Néstor Humberto Martínez en su terna de candidatos a Fiscal General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia eligió a Martínez en ese cargo en abril de 2016 y en agosto siguiente se posesionó. ¿Necesitaba Santos una figura de confianza por si el caso Odebrecht explotaba? La pregunta no es mera especulación. Meses después se conocieron varias denuncias de que dineros de la División de Operaciones Estructuradas (DOE) fueron a dar a las campañas de Santos en 2010 y en 2014. El expresidente dijo que nunca supo de tales aportes y la justicia no encontró razones para investigar las denuncias a fondo.

Por su parte, Odebrecht previó lo que se les venía encima y firmó un contrato retroactivo con el excongresista Otto Bula Bula para legalizar sus “actividades de lobby” en favor de la Concesión Ruta del Sol II en 2013 y 2014. Según lo destaparon luego las propias confesiones de los ejecutivos de Odebrecht y la justicia colombiana, “el lobby” de Bula había consistido en realidad en repartir a diestra y siniestra sobornos por alrededor de 4.5 millones de dólares a congresistas y otros funcionarios públicos. Las autoridades disciplinarias investigan a este senador porque presuntamente años atrás se benefició del despojo de 1800 hectáreas de tierra en los Montes de María, una región a donde el conflicto armado forzó a muchos campesinos a dejar sus tierras.

Acuerdo con Estados Unidos

Seis meses después de la captura del presidente de Odebrecht en Brasil, en diciembre de 2016, salió a la luz pública que la multinacional brasileña había llegado a un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y había confesado que repartió 788 millones de dólares en sobornos en América Latina y en Angola, para aceitar sus operaciones. En la lista de engrases figuraron 11.1 millones de dólares pagados en Colombia: 6.5 millones de dólares al director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, en 2010 para conseguir la Concesión Ruta del Sol II; y 4.6 millones de dólares al consultor Otto Bula, para ganarse el favor de funcionarios y congresistas que ayudaran a defender sus intereses en ese contrato.

Basada en estas confesiones, la Fiscalía en Colombia inició de oficio sus investigaciones. No obstante, hoy, siete años después, cuando ya han salido a la luz pública evidencias de múltiples fuentes, se deduce que los sobornos alcanzaron una suma mucho mayor.^[8]

Forzada por los investigadores judiciales de varios países, Odebrecht además firmó acuerdos con el Ministerio Público de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y la Procuraduría General de Suiza “para resolución de la investigación sobre la participación de la empresa en la realización de actos ilícitos practicados en beneficio de las empresas pertenecientes al grupo económico”. Más adelante firmó acuerdos o preacuerdos de colaboración con la justicia a cambio de beneficios judiciales con República Dominicana, Ecuador y Perú. Su acuerdo preliminar con Guatemala fue bloqueado recientemente por una corte.

Luego de comprobar que había modificado sus conductas, había despedido a los autores de los ilícitos, había puesto en marcha controles internos efectivos para garantizar que no volvería a cometerlos, y estaba decidido a cambiar su cultura organizacional por una comprometida con la integridad, las autoridades de algunos de estos países les otorgaron a las nuevas empresas OEC (antigua Constructora Norberto Odebrecht, hoy Odebrecht Engineering and Construction) y Novonor (Antigua Odebrecht S.A.) “acuerdos de indulgencia” que les permitiera eventualmente volver a operar allí. Las empresas han venido haciendo pactos del mismo corte con los bancos Interamericano de Desarrollo y Mundial. Una empresa independiente, GR Compliance, tiene hoy el control de las planillas de sobornos y comunicaciones internas de la División de Operaciones Estructuradas (DOE) de Odebrecht que se pudieron rescatar y, a pedido de las autoridades judiciales de los países, ha venido entregándolas.

En Colombia no se ha firmado un acuerdo marco que cobije a la empresa brasileña y a sus funcionarios responsables de los sobornos para premiar la delación, semejantes a los que selló con los demás países. Por eso ha sido complicado que la multinacional entregue la información adicional que puede tener sobre los ilícitos.

Por fortuna, algunas pruebas requeridas por fiscales de otros países arrojan también luces sobre las dimensiones de lo que aquí sucedió verdaderamente.

Los primeros sobornos

El primer registro del que se tiene un documento salido de planillas secretas de pagos de Odebrecht está fechado en abril de 2008 y hace referencia a una obra identificada como PTAR-Colombia y a la receptora (o receptor) la llaman “Pietra”. Así identificaba Odebrecht a sus sobornados, con un “codinome” o nombre en código, que según coinciden varias fuentes, inventaba a veces el director de la empresa en el país —incluso en tono jocoso— y en otras ocasiones los ponían los encargados de procesar los pagos desde el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE), que para el caso colombiano fueron principalmente Luiz Eduardo Da Rocha Soares (Tushio) y Angela Palmeira.

Este primer registro puede referirse a la concesión del interceptor Tunjuelo que llevaría aguas residuales a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Canoas, que en efecto obtuvo Odebrecht en asocio con Constructores CSS en 2009. No obstante, no se le asigna ningún pago. Como este registro no va acompañado con otros asociados a la misma obra, es difícil saber si corresponde a un arreglo ilegal.

Lo que sí se conoce es que la Fiscalía acusó al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y a su hermano el entonces senador Iván de haber recibido un soborno de la concesionaria por mil millones de pesos (unos 490,000 dólares del momento) para obtener ese contrato. Moreno se declaró inocente de estos cargos. El llamamiento a juicio ha tenido múltiples tropiezos y aún no se ha probado la culpabilidad de los hermanos, que están presos cumpliendo otras condenas por corrupción.

Los segundos pagos de los que Odebrecht sí dejó rastro en sus cuentas son los del soborno a García Morales. Entre el 2 de marzo y el 3 de septiembre de 2010, salieron seis giros desde la cuenta Klienfeld Services de Odebrecht en la Banca Privada de Andorra BPA, a la firma de Lurion Trading, que sumaron los 6.5 millones de dólares del soborno que supuestamente garantizó la adjudicación del contrato de la obra de la Ruta del Sol, segundo tramo, a la Concesión. Este caso es quizás el que más esclarecido está por la justicia, porque consiguió que García Morales confesara ser el último beneficiario, y estableció que sus amigos de infancia Enrique y Eduardo Ghisays prestaron su cuenta off shore en Panamá para lavar el dinero y fueron condenados por ello.

Aún así, quedaron muchas preguntas sin responder. Siendo viceministro de Transporte, García Morales asumió además el cargo de director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), en reemplazo de Álvaro José Soto. A éste lo habían despedido sus jefes por correo, mientras hacía un viaje oficial, con un escándalo sin sustento de un supuesto soborno. Convenientemente García Morales entró en septiembre de 2009, en diciembre firmó la concesión, y después de girada la segunda cuota del soborno, en marzo siguiente renunció. Según dijo a este equipo periodístico un observador muy cercano de lo sucedido que prefirió no mencionar su nombre, otros funcionarios hicieron viable la llegada de García al cargo y debieron tener también su premio, aunque esto no lo ha corroborado la justicia.

El propio García Morales dijo después a magistrados de un Tribunal de Arbitramento que funcionarios de Odebrecht le habían informado que habían pagado por lo menos 15 millones de dólares adicionales entre lobby, periodistas, y aportes a campañas (era un año electoral) para promover esa adjudicación. Como nadie constató estos pagos, esta investigación no los contabiliza.^[9]

Un factor que hace sospechoso que los 6.5 millones de dólares sólo eran para García Morales es que no se encontró todo el dinero. “El destino de 2 millones 308,000 dólares es incierto, pues según Ghisays, 1 millón de dólares se fue a la bolsa de valores y se perdió; y 1 millón 308,717 dólares se fue en gastos varios y no se tiene soporte alguno de en qué fueron invertidos”, dijo la Fiscalía en la acusación a Ghisays.^[10] ¿Por qué la justicia aceptó que alguien perdiera esa enorme cantidad de dinero, como si se tratara de monedas, y no escarbó dónde había ido a dar?

¿Pagó Odebrecht todo el soborno, o sus socios de Episol contribuyeron? Luiz Bueno dijo a la Superintendencia de Industria y Comercio: “..yo tenía una persona allá que es Manuel Ximenez, él es brasilero…y Corficolombiana tenía su representante que era Mauricio Millán, entre ellos dos hacían la división de los costos, considerando el aporte de los 6.5 millones de dólares que se habían pagado a Gabriel García (…) Preguntado: ¿Cómo se aseguró Odebrecht de que Corficolombiana pagara el porcentaje que le correspondía de los 6.5 millones de dólares? Contestó: Yo di orientación a Manuel Ximenez para hacer la división de los costos y si eso no pasaba o hubiera tenido algún problema, ese tema volvería a mí de nuevo para yo solucionarlo con José Elías Melo, nunca ocurrió porque se cumplió como se había acordado”.

García Morales, por su parte dijo a los magistrados del Tribunal de Arbitramento: “Cuando yo estaba rindiendo mi interrogatorio me fueron presentadas muchas pruebas para pronunciarme sobre si tenía conocimiento y, aunque no me dieron las pruebas en detalle ni podía sacarles copia, ahí un funcionario de Corficolombiana o Episol cuyo nombre es Mauricio Millán informó sobre un pago realizado en 2010 que incluso él mismo había objetado, porque no tenía ningún soporte”.^[11] Algo similar dijo Millán en calidad de testigo en el juicio a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.^[12] La justicia condenó a Melo por estos hechos, y pidió investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del líder del Grupo Aval, pero esta investigación se archivó. No obstante, Melo, como sus jefes en el Grupo Aval han reiterado que no supieron de los sobornos, ni mucho menos aportaron a ellos. La justicia no ha procesado a nadie más de este grupo.

A pesar de que García no pudo justificar a dónde fueron a parar parte de los sobornos, el ex viceministro aceptó su culpa ante la Fiscalía colombiana, que le rebajó la pena y evitó que pagara multimillonarias sanciones, como lo ratificó la Superintendencia de Industria y Comercio en respuesta a una petición de información este equipo.

Es difícil corroborar si en 2010 Odebrecht hizo otros pagos, porque no se conocen sus planillas secretas de ese año. Los giros a García, vía los Ghisays, se supieron por su colaboración y la de los brasileños, y porque el Banco Privado de Andorra hizo públicas estas cuentas.

No obstante, sí se conoció por la prensa de otro giro irregular realizado ese año. Quien fuera gerente de la campaña presidencial de Santos, en ese momento candidato del partido del presidente Álvaro Uribe, Roberto Prieto, en una entrevista radial reconoció que sí había sabido de un pago de 400,000 dólares a la campaña Santos antes de que él llegara a gerenciarla, aportados indirectamente para la impresión de afiches, pero que el candidato no lo supo. En 2018, salieron a la luz grabaciones de varias conversaciones, entre ellas, una de Santos con Prieto en la que pregunta sobre el asunto de los afiches con preocupación, dejando la sensación de que el Presidente no supo de esta donación en especie. De ahí surgió que el aporte se giró a la firma panameña Impressa Group Corp, creada poco antes en junio de 2010 por el esposo de una funcionaria del gobierno. Días después, el comité de finanzas de la campaña sacó un comunicado diciendo que “no fue de nuestro conocimiento, ni del gerente, ni del comité financiero y con el absoluto desconocimiento del entonces candidato Juan Manuel Santos”.

Arranca la Ruta del Sol

Hacia fines de junio de 2011, arrancó la obra de la Concesión Ruta del Sol II. Entonces el sistema Drousys de la DOE de Odebrecht registró dos pagos, de los que hasta ahora no se tenía conocimiento. Ambos fueron realizados el 28 de junio de 2011, y aunque no se sabe ni de qué cuenta salieron ni a qué empresa o persona se pagaron, sí quedó anotado que la obra relacionada era la “Rota do Sol”, que el responsable fue LB DS, (Luiz Bueno (LB) era el director supervisor (DS) de Odebrecht en Colombia). Cada pago tiene un número y figuran los montos y los nombres en código de los beneficiarios. ‘Marmore’ recibió 350,000 dólares, y ‘Barba Blanca’ recibió 1 millón de dólares. También figura una cifra de “acumulado” por 11 millones 150,001 dólares, que no se sabe si coincide con los montos pagados hasta ese momento por la adjudicación de la Ruta del Sol II.

Hasta donde fue posible constatar, la justicia nunca preguntó por estos pagos y ninguno de los múltiples testigos que recibieron beneficios judiciales lo mencionó.

En octubre siguiente, el Instituto de Concesiones (INCO) publicó el pliego de condiciones para la licitación de la Transversal de Boyacá, en diciembre se abrió la licitación y en marzo de 2012 se le adjudicó al consorcio Conpros de los mismos socios Odebrecht y Proyectos de Infraestructura S.A. (PISA), también del Grupo Aval. Era una obra más pequeña que se licitó por 87.6 millones de dólares de mejoría y ampliación de una carretera de 49 kilómetros que va desde la zona esmeraldera en Boyacá, al oriente del país, hasta Puerto Boyacá sobre el Río Magdalena. Se terminó de construir sin contratiempos en julio de 2016.

¿Quiénes son estos personajes Marmore y Barba Blanca? ¿Les pagaron como premio porque la construcción de la Ruta del Sol II por fin había empezado, aunque la obra se había adjudicado año y medio antes? Este equipo periodístico preguntó sobre este y otros casos a personas cercanas a Novonor y a OEC, las nuevas empresas del grupo empresarial brasileño. Respondieron que hasta que se consolide en Colombia un ambiente de colaboración en el cual las pruebas que entreguen no se usen en contra de sus empresas ni de sus ex empleados, no pueden dar más datos. Si esto cambia, ellos podrían entregar la información que conocen, como lo han venido haciendo en otros países.

Favores de bulldozer

Federico Gaviria, un ejecutivo de mercadeo que había estado involucrado en otros escándalos (por ejemplo, fue señalado de pagar coimas para vender ambulancias a Bogotá en el conocido carrusel de la contratación) fue contratado por Odebrecht para que le abriera puertas en Colombia. Como él mismo le aseguró a la justicia, Luiz Bueno, director para Colombia de la firma brasileña, le dijo que necesitaban conseguir un contrato de “estabilidad jurídica”, un paquete de normas que les congelaría las condiciones fiscales de la Concesión Ruta del Sol II por los años del contrato. El plazo para aprobar los últimos contratos de ese tipo vencía en diciembre de 2012 y les urgía apoyo.

Según declaró Bueno, a mediados de 2012 conoció a Otto Bula, un ex congresista, y éste le ofreció su apoyo y delegó el asunto en Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht. Bula llamó para que hiciera la gestión a un ahijado político de su misma región del país, Bernardo Miguel Elías, apodado Ñoño. “Bula relató que, habiendo perfeccionado la negociación, Elías, junto con sus pares de las comisiones de presupuesto estuvieron muy activos en el proyecto de estabilidad jurídica, cumpliendo gestiones ante el Ministro de Hacienda, el Director Nacional de Presupuesto y el Ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados quien delegó en Luis Miguel Pico para que realizara lobby en los Ministerios, y estos a su vez, ejercieron presión en el Congreso”, dice la sentencia de condena de Elías.^[13]

El gobierno estaba en plena negociación con el Congreso para que le aprobara una reforma tributaria, y eso les daba a los senadores especial ventaja para obtener favores. Bula y otros intermediarios sostuvieron que la empresa brasileña acordó hacerle al excongresista un giro de 4000 millones de pesos colombianos, (equivalente a 2.23 millones de dólares a la tasa de cambio de comienzos de 2013)^[14]. La plata se envió en el primer trimestre de 2013 desde la empresa de Hernando Mario Restrepo, New Com INT, S.A., registrada en Panamá en septiembre de 2008 a otra empresa en Colombia, que a su vez, le giró varios cheques a Bula y este los repartió en efectivo. ^[15] Restrepo dijo que aceptó prestarse para traer el dinero, creyendo que era una operación lícita, sólo porque Bula le debía plata de un ganado y se la descontaría de allí. Según declaró Restrepo, Elías necesitaba el dinero para saldar deudas de campaña electoral.^[16]

No han salido a la luz pública las planillas de contabilidad de la DOE de Odebrecht que corroboren si los montos girados por este concepto son los que confesaron los involucrados. No obstante, los investigadores de la Corte Suprema de Justicia sí encontraron los giros desde Panamá a una empresa colombiana. ^[17] Además, según la sentencia de la misma CSJ, el senador Antonio Guerra de la Espriella recibió 200 millones de pesos (unos 100,000 dólares del momento) en efectivo por ayudar a presionar al gobierno para que aprobara el contrato, y por eso fue condenado (ver gráfico con condenas). Pero no sabe aún quiénes fueron los receptores finales del dinero en efectivo, además de Elías y Guerra.

El caso es que el 31 de diciembre de 2012 a las 5 p.m., a horas de vencerse el plazo, el Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol II firmaron el contrato de estabilidad, que según dijo el intermediario Gaviria le escuchó decir a Bueno, les traía beneficios tributarios por 60 millones de dólares.

Al parecer, desde ahí llamaron a estos congresistas y a varios otros que están en investigación preliminar (ver gráfico) ‘Buldozers’, porque arrasaban cualquier obstáculo para conseguir los “favores” bien remunerados. Así identificó el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) de Odebrecht en sus planillas los pagos destinados a repartir entre estos congresistas, con la intermediación de Bula y las vías que él consiguiera para traer el dinero a Colombia.

Estos ‘Buldozers’ le vendieron sus servicios a Odebrecht supuestamente para impulsar la aprobación de la adición de una ruta de 72 kilómetros que atravesara la Ruta del Sol desde la ciudad de Ocaña, al occidente, hasta Gamarra, sobre el Río Magdalena.

La nueva vía ya llevaba varios meses en proceso de aprobación. Desde julio de 2012, la recién creada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), liderada hacía casi un año por Luis Fernando Andrade, un experimentado consultor y socio de McKinsey, formalizó su interés de desarrollar esa carretera y un mes más tarde, la Concesionaria Ruta del Sol II ya presentó su propuesta para realizar el diseño de la vía. Se requería una vía que conectara con eficacia a Venezuela con Colombia. Si esta ruta contaba con doble calzada y buen trazo, se podría acortar varias horas el viaje desde Cúcuta en la frontera venezolana, hasta Ocaña, tomando la Ruta del Sol hasta Bogotá. Hoy Andrade está en juicio acusado de celebración indebida de contratos y otros presuntos delitos por las modificaciones al contrato con la Concesionaria Ruta del Sol II que incluyeron esta vía. Él ha insistido en su inocencia.

No obstante, según han atestiguado varios implicados, Odebrecht hizo pagos a los ‘Buldozers’, a través de sus consultores Federico Gaviria y Otto Bula, para acelerar el proceso de la adición de esta vía al contrato original de concesión. Sólo se conocen las planillas secretas de la DOE desde fines de 2013, y por eso, esta investigación solo pudo corroborar nueve giros a partir del 5 de diciembre de 2013, desde las cuentas de Odebrecht en el exterior a diversas cuentas de Bula o de sus amigos en Panamá o en Hong Kong, China. Siete de estos pagos se hicieron en época electoral, entre fines de febrero y fines de junio de 2014. La suma total es de 4 millones 066,795 dólares.

El noveno giro se hizo en agosto de 2014. No es claro si estos pagos realmente “compraron” la adición al contrato con la Concesionaria para añadir la vía Ocaña -Gamarra. Cuando giró lo sobornos para obtener la concesión de la Ruta del Sol en 2010, o cuando los giró para conseguir el contrato de estabilidad jurídica, siempre lo hizo a posteriori, después de asegurarse de que obtuvieran lo que querían. El “otro sí 3” no quedó totalmente aprobado en todas las instancias sino hasta octubre de 2014, ¿entonces por qué pagaron todo este dinero en dólares por adelantado?

¿Podría más bien Odebrecht estar pagando ese agosto de 2014 por el nuevo contrato que acababa de asegurar? A finales de julio, el Consorcio Navelena, conformado por Constructora Norberto Odebrecht (87%) y Valorcon (13.33%) presentó su oferta económica con miras a obtener el contrato de encauzamiento, dragado y mantenimiento de 908 kilómetros del principal río de Colombia, el Magdalena, para volverlo navegable. Este río corre paralelo a buena parte de la Ruta del Sol. Como era el único proponente calificado, ya sabía que obtendría la concesión. La obra se calculó en 2.5 billones de pesos (equivalente a 1,275 millones de dólares). Valorcon es de Julio Gerlein de una familia de políticos de Barranquilla, quien luego ha sido investigado por otro sonado caso de compra de votos, que no tiene relación con este de la Concesión de Navelena.

No obstante, no se puede afirmar que se pagaron sobornos con relación a esta vía. En 2016, Navelena aún no lograba conseguir el cierre financiero para iniciar la obra. Durante los juicios de este caso salió a la luz que Elías y Bula hicieron gestiones ante entidades financieras estatales y privadas intentando conseguir el apalancamiento requerido por la empresa portuguesa Afa Vías para adquirir una parte de las acciones de Odebrecht en Navelana.^[18] Luego estalló el escándalo internacional y el gobierno liquidó el contrato en 2017. La justicia no encontró evidencias de corrupción.

Odebrecht había confesado ante el gobierno estadounidense que había pagado 4.6 millones de dólares a Bula para repartir entre funcionarios y congresistas. Como se vio la suma en las planillas destinados a los ‘Buldozers’, es menor y faltarían alrededor de 530,000 dólares, que pudieron quizás ser pagados en un giro anterior.

Queda abierto el interrogante de por qué Odebrecht querría pagar tanto dinero por adelantado para quedarse con la construcción de una vía que ya venía tramitándose ya con el respaldo político del alto gobierno, y si esta no fue la razón, entonces, ¿quiénes serían los beneficiarios que los implicados quisieron mantener tan ocultos?

En sus primeras declaraciones a la justicia, Bula negó tajantemente que él hubiera recibido los 4.6 millones de dólares que los brasileños confesaron en Estados Unidos haberle pagado y que superan los 4 millones de dólares respaldados en las planillas secretas. Es más, una fuente de la Fiscalía dijo que Bula estaba furioso por esa confesión de Odebrecht. Tanto este excongresista como Gaviria hablaron de dineros que fueron a financiar las campañas electorales de 2014, pero sin referencias a campañas específicas.

Como resarcimiento, Bula se comprometió a entregar una finca y un pagaré que suman 2.1 millones de dólares. Según la sentencia que condenó a Gaviria, éste había recibido 1.6 millones de dólares de beneficio personal y lo multaron por una suma en pesos equivalente a 2.8 millones de dólares. En respuesta a una petición del CLIP, la dirección de cobro coactivo del Consejo Superior de la Judicatura informó que, por ley, los sancionados tienen hasta dos años para pagar las multas. También informó que Bula debe 42 millones 284,745 pesos (casi 10,000 dólares), pero no tienen información de Gaviria, pues no todas las penas de multa impuestas por los jueces llegan a conocimiento de las Oficinas de Cobro Coactivo de la Rama.

A los dos les dieron beneficios por colaboración y están en libertad. Sin embargo, hoy no se sabe con precisión quiénes recibieron los fondos, además de los que ellos se cobraron de comisión.

La información sobre el caso de los ‘Buldozers’ que dio a la justicia colombiana Eleuberto Martorelli, el director supervisor de Odebrecht para Colombia, cargo que asumió en enero de 2013, además se contradijo con datos que aparecen en las planillas de la DOE que se han conocido hasta ahora. Según Martorelli, cuatro pagos en mayo, junio y septiembre de 2014, que suman 1.3 millones de dólares, fueron a los congresistas y funcionarios que facilitaran las gestiones de Odebrecht para sacar adelante la adición de la vía Ocaña-Gamarra al contrato original. No obstante, en las planillas de la DOE figuran como pagos al nombre en código “Marinheiro”.

No fueron estos los únicos pagos a este beneficiario con “codinome”.

Empujón publicitario a presidenciales de 2014

Según lo confesó el propio Martorelli ante la justicia brasileña, esperando que les pusieran mayor atención a sus reclamos, ellos contribuyeron con 1 millón de dólares —pagados en dos giros de 500,000 cada uno, el 28 de marzo y el 28 de abril— para realizar un estudio de opinión a Sancho BBDO, una veterana agencia publicitaria colombiana que llevaba la campaña de reelección de Santos.

“Nos reunimos con Luis Peña, un publicista (se refiere a Luis Alberto Peña Bernal, ejecutivo de Sancho BBDO) y él me preguntó si queríamos contratar a su firma para realizar un estudio para la campaña de reelección de Santos, y que también le serviría a otras campañas y a Odebrecht. Yo le dije que sí, pero a condición de que le dijera al gobierno que Odebrecht había contribuido y que eso nos ayudara a resolver problemas que teníamos en la Ruta del Sol", dijo Martorelli. Explicó luego que tenían reclamaciones por 6 millones de dólares al gobierno por gastos extraordinarios de obra en la Ruta del Sol (invierno, licencias ambientales demoradas, protestas sociales, ataques del ELN a maquinaria, etcétera), pero que “aproximarse a las autoridades colombianas es muy difícil, así que esta era una oportunidad para aproximarse a las autoridades por la vía de la campaña”.

Muchos otros concesionarios de obras públicas en Colombia, según lo dice un experto del sector, se ganan licitaciones ofreciendo un costo de obra menor, confiando en que ampliarán el valor con reclamaciones posteriores. Así, eso que Martorelli llamaba “dificultad de aproximación”, significaba que Andrade de la ANI no les estaba cediendo a sus pretensiones. Entonces recurrieron al pago de un aporte indirecto de campaña.

Un indicador de que Odebrecht hizo ese pago en forma irregular es que salió del DOE y quedó registrado en las planillas clandestinas de la Caja 2, aquella que no incluían en las cuentas oficiales. El giro se hizo a la firma Paddington Ventures de Panamá y el nombre en código del beneficiario fue “Marinheiro”.

En total, esta investigación encontró 3 millones de dólares, incluido el conocido giro a Paddington, con beneficiario final “Marinheiro”. Dos de esos pagos a este beneficiario se hicieron a finales de junio de 2014, muy cerca a la segunda vuelta presidencial. Santos, quien se presentó para reelección ese año, había competido con Oscar Iván Zuluaga, candidato del partido del líder histórico de la derecha Álvaro Uribe Vélez, y había perdido en la primera vuelta.

No era extraño que usaran el mismo codinome para pagos diversos. De hecho, este codinome fue usado también en los pagos de sobornos en Perú. Y por eso no se puede afirmar que si un pago a “Marinheiro” está probadamente asociado con la campaña de Santos, los demás también lo estén, pero sí deja el interrogante de si estos dineros fueron todos a dar a esa campaña. ^[19]

Como lo hizo en otros países, Odebrecht también quiso asegurarse de que le debieran favores en la campaña opositora que bien podría convertirse en gobierno. Según declaraciones del director supervisor de Odebrecht en Colombia, Martorelli, a la justicia, su empresa financió parte de los honorarios que ‘Duda’ Mendonça, el reconocido publicista brasileño, cobraría a la campaña de Zuluaga por su asesoría. “En visita de trabajo me lo confirmó Daniel García (Arizabaleta) indicando que el publicista le había solicitado a la campaña pagos por 1.5 millones de dólares adicionales a lo que yo había acordado. Yo interpreté este comentario como un mensaje para que la compañía acompañara la campaña pagando costos adicionales cobrados por el publicista”, dijo Martorelli. Y explicó que lo consultó con su jefe Luiz Mameri “ponderando que sería interesante apoyar la campaña del señor Zuluaga, porque venía subiendo en las encuestas y podría estar en la segunda vuelta en las elecciones”.

Daniel García Arizabaleta era consultor de Odebrecht y funcionario de la campaña de Zuluaga. El candidato, su hijo y el hoy saliente presidente de Colombia, Iván Duque, viajaron a reunirse con el publicista. Luego declararon que nunca supieron que Odebrecht había pagado esos honorarios.

Es interesante el papel de García Arizabaleta en esta historia. Había sido nombrado por el gobierno Uribe director de Invías, cargo al que tuvo que renunciar por mentir acerca de sus credenciales. Según declaró Martorelli a la justicia de Brasil, Luiz Bueno se lo presentó apenas llegó a reemplazarlo en enero de 2013. En junio pasado fue acusado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y falsedad dentro del caso de Odebrecht.

Este pago al publicista, registrado en las cuentas de la DOE, indicando la naturaleza secreta del mismo, se hizo en tres giros que sumaron 1 millón 610,740 dólares, entre junio y julio de 2014, a la offshore Topsail Holding S.A., registrada en Panamá y el beneficiario en la planilla de la DOE fue ‘O Outro’, que en español quiere decir El Otro, detalle que no deja de tener sentido del humor.

Cuando estas noticias salieron a la luz pública tres años después, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa dijo en sesión que deberían investigarse estas campañas por posibles violaciones a las normas electorales. No obstante, a los pocos días de su propuesta, llegó un anónimo aseverando que estaba impedido a juzgar el caso. El CNE en Colombia, que se constituye con representantes de los partidos políticos más votados, en pleno acogió la recusación, y le prohibieron a Novoa participar en las discusiones. Tampoco faltaron las intimidaciones a este magistrado, quien siguió pidiendo investigación de las campañas, puesto que en Colombia está prohibido por la Constitución recibir donaciones a campañas de entidades extranjeras, como también lo está no declararlas al CNE, sean estas en especie o en dinero. Finalmente, el CNE terminó las investigaciones administrativas de las dos campañas y no encontró pruebas para continuarlas.

Por último, en declaraciones públicas, el gerente de la campaña Santos Presidente, aseguró que ni él ni Santos supieron de estos pagos.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que por ley investiga posibles actuaciones ilegales del Presidente, tampoco encontró mérito para proseguir con el caso.

Posterior a los relacionados con las campañas, la justicia documentó otro giro irregular que se hizo en dólares, aunque no se pudo corroborar en la contabilidad clandestina de DOE. Se trata de un pago por 2 millones 727,000 dólares a la firma Consultores Unidos Panamá, cuyo dueño era Eduardo Zambrano. Este personaje había huido de la justicia del país en los años ochenta, luego de que siendo vicepresidente de un banco privado se involucrara con su jefe para hacerle supuestos créditos a ganaderos ficticios. Usaron el dinero para comprar acciones de su propio banco y consolidar su posición. Quienes revelaron el entuerto en su momento habían sido los periodistas de la Unidad Investigativa de El Tiempo, y uno de ellos, Alberto Donadío, recordó los hechos en su libro Nobelbrecht sobre el caso Odebrecht en 2019.

No está claro qué estaba pagando Odebrecht en mayo de 2015 cuando hizo este giro. Zambrano dijo a la Fiscalía que los dineros fueron “para unas campañas políticas”. Las elecciones al Congreso habían pasado hacía más de un año y las presidenciales, once meses antes. En octubre de 2015 sí hubo elecciones de alcaldes, gobernadores y autoridades locales, así que pudieron ser aportes a esas campañas. De todos modos, no es obvio a cambio de qué quería Odebrecht hacer esos aportes, ni la justicia investigó exactamente a qué campañas fueron a dar y en qué montos. Apenas consiguió que Zambrano aceptara algunas acusaciones que le impuso la Fiscalía, y aún habiendo sido prófugo de la justicia en el pasado, le dio beneficios por su colaboración y este junio se ordenó su libertad por pena cumplida.^[20]

Los doce del Patíbulo

Los giros sospechosos que había denunciado Pizano son adicionales a los sobornos pagados en dólares en el exterior hasta ahora descritos. En paralelo, entre marzo de 2013 y diciembre de 2015, en Colombia, a través de la Concesionaria Ruta del Sol y su constructora Consol, fluyeron otros dineros irregulares. Los sacaban mediante contratos de obra inflados o ficticios, o pagos de prediales por mayor valor y otras artimañas.

Como algunos de los contratos sí pagaron en parte obras, diseños o aportes reales a la carretera Ruta del Sol, es difícil determinar exactamente qué proporción se fue a engordar los bolsillos de los sobornados.

Sí podemos decir que los mayores contratos irregulares que denunció Pizano, y que luego corroboró y amplió la Fiscalía, pasaron apenas por una docena de empresas intermediarias: Profesionales Bolsa, Inversiones Profesionales, Presoam, Desimpro, Gistic, RGQ Logistics, Grupo Mundial de Ingenieros, Ingream, Inversiones Torrosa, Consorcio SION y Consultores Unidos de Colombia, empresa hermana de la de Zambrano en Panamá. Según documentó el investigador de la Fiscalía, los dineros de Consultores Unidos de Panamá y de Colombia se usaron en una parte muy menor para hacer unos diseños de vías, pero casi todo fue a dar a los consultores de Odebrecht Gaviria y Bula, y se pagaron alrededor del 10 por ciento en impuestos (seguramente no son muchos los casos donde se paguen impuestos a la renta sobre sobornos).

Contando sólo los pagos a Consultores Unidos y las otras once empresas, la Concesionaria y Consol firmaron contratos irregulares por más de 74 mil millones de pesos, un valor mayor a lo denunciado por Pizano, y el doble del valor que Odebrecht acordó devolver a Corficolombiana, por contratos que luego aceptaron habían sido irregulares cuando hicieron el singular Acuerdo de Transacción. El equivalente en dólares, tomando en cuenta las tasas de cambio promedio de las fechas de pagos, fue de 34.8 millones de dólares. Los testigos de los diversos casos mencionaron muchos otros giros, incluidos un pago para cancelar la hipoteca de una finca, pagos a través de pequeñas empresas locales por donde pasaba la vía, entre otros.

A raíz de las declaraciones de los principales intermediarios —Bula y Gaviria— y de los muchos empresarios que prestaron sus empresas para recibir dineros de sobornos, la Corte Suprema de Justicia tiene abiertas investigaciones preliminares contra nueve congresistas. En 2021, condenó Bernardo ‘Ñoño’ Elías a ocho años de cárcel y al senador Antonio Guerra de la Espriella a 13 años de cárcel en 2022. Además, le impuso una multa a Elías del equivalente en dólares a 2.9 millones, que según el Consejo Superior de la Judicatura, aún no ha pagado.^[21]

La CSJ además absolvió al entonces senador Plinio Olano en 2019, a quién el año anterior, el Consejo de Estado le había quitado su investidura como senador, por tráfico de influencias. Hace pocas semanas, archivó el caso contra el senador Armando Benedetti en primera instancia.

En comparación con lo que ha sucedido en otros países, se podría decir que Fiscalía y Corte hicieron un trabajo eficaz para desenredar estas operaciones, casi siempre complicadas, porque pasaban por varias manos, se giraban múltiples cheques a diferentes operadores y se entregaba el dinero a los beneficiarios con frecuencia en efectivo. También procesó, interrogó, obtuvo la colaboración y condenó a la mayoría de los representantes legales u operadores tras estas empresas intermediarias de los sobornos.

No obstante, la justicia no ha avanzado en algunos casos, como el de Esteban Moreno, que había ocupado varios cargos en las campañas liberal y presidencial de Santos, y está señalado de haber recogido los dineros girados por contratos a Gistics y a RGQ Logistics como contribuciones a la campaña presidencial, de Santos.

Además, las colaboraciones de los implicados con la justicia no llevaron siempre a toda la verdad. En varias de las sentencias se afirmó que la Concesionaria Ruta del Sol II o Consol hicieron estos giros para pagar los favores de los congresistas, sobre todo sacar adelante los otrosí 3 y 6 relacionados con la carretera Ocaña-Gamarra. No obstante, no tiene mucho sentido que se estuvieran haciendo tantos pagos anticipados por este motivo, y en el caso de los giros de 2015, tampoco tiene lógica, porque se hicieron siete meses después de aprobadas estas adendas.

Las nueces y el ruido

A la postre, después de más de cinco años de un escándalo que produjo centenares de titulares de prensa, miles de horas de radio y TV con informes entrevistas y comentarios, mucho trabajo del periodismo de investigación siguiendo pistas y atando cabos, y decenas de acusaciones de la Fiscalía y fallos judiciales, aún hoy no sabemos a ciencia cierta ni quiénes fueron muchos de los beneficiarios finales de esos sobornos, ni exactamente cuánto recibió cada uno ni en qué usaron el dinero. Tampoco para qué se pagaron realmente todos estos sobornos. Si bien las modificaciones al contrato original de la Concesión parecieron ser el motivo principal, cómo se vio en esta investigación, sus procesos de aprobación no coinciden siempre con los pagos ilegales realizados.

Asimismo, las diversas fuentes coinciden en que hubo dineros para campañas políticas, pero la justicia no ha sancionado a nadie por esta razón.

Este trabajo periodístico ha podido establecer, con base en las planillas secretas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y en documentos bancarios verificados por la justicia se hicieron pagos en dólares desde el exterior por aproximadamente 21.9 millones de dólares y en pesos a través de los contratos ficticios o inflados asociados a la Ruta del Sol por el equivalente al menos a 34.8 millones de dólares para un total aproximado de 56.7 millones de dólares.^[22]

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), según sus propios reportes, sancionó a Odebrecht y sus afiliadas con multas equivalentes a 51.4 millones de dólares y a Corficolombiana y a su filial Episol con otra de 26.2 millones de dólares. Además multó a la Concesionaria Ruta del Sol II con 64,000 dólares. De estas, Corficolombiana y Episol cancelaron la totalidad de las sanciones, mientras que los cobros contra Odebrecht y sus empresas en Colombia, incluyendo la Concesionaria, están suspendidos debido a que se encuentran en proceso de liquidación, según dijo la SIC a esta alianza.

La justicia colombiana actuó en este caso y consiguió condenar al menos a 12 intermediarios principales del flujo irregular de dineros, a un alto ejecutivo del Grupo Aval y a dos congresistas. Nueve más están bajo escrutinio y un ex alcalde de Bogotá, un ex director de Invías y muchos otros están acusados. No obstante, ha ido lento o no actuó frente a algunos casos de personajes influyentes, impuso condenas generosas a varios involucrados aunque ya habían estado inmersos en ilícitos, no dio cuenta de todo el dinero que se repartió y no consiguió develar los nombres de todos los receptores de los sobornos.

En un comunicado público reciente, el Departamento de Justicia y el FBI ofrecieron una recompensa a quienes les den informaciones que “conduzcan a la incautación, restricción, decomiso o repatriación de sobornos o activos vinculados a sobornos pagados por Odebrecht S.A. y Braskem S.A. que estén (1) en una cuenta en una institución financiera estadounidense, incluida una sucursal estadounidense de una institución financiera extranjera; (2) que se encuentren en los Estados Unidos; o (3) que estén en posesión o control de cualquier persona estadounidense”. Según noticia de un medio local, agentes del FBI ya estuvieron en Colombia buscando esta información por cinco meses, y es probable que anuncien resultados en las siguientes semanas.

Si bien esta investigación revela pagos registrados en las planillas secretas de Odebrecht que no se conocían hasta ahora, ni el periodismo ni la justicia han conseguido aún acceso a todos los documentos que puede haber, ni a la colaboración plena de Odebrecht. Eso solo se lograría mediante un acuerdo de delación premiada, como ya lo hicieron otros países. Ahí sí se accedería a toda la información para desmontar ese arraigado arreglo corrupto por el cual recursos para las obras públicas en Colombia se van a financiar campañas, comprando así favores futuros de los gobiernos y de paso, satisfaciendo la desmedida ambición de unos pillos reincidentes.