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Política

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NSJP implica un cambio cultural en México, dice Wayne

Con la implementación del NSJP, los mexicanos deben comprender la necesidad de un cambio cultural para visualizar los beneficios en materia de justicia, exhibió el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, quien anticipa severas críticas al cumplimiento de los procedimientos que dan garantía a los imputados.

Con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), los mexicanos deben comprender la necesidad de un cambio cultural para visualizar los beneficios en materia de justicia, exhibió el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, quien anticipa severas críticas al cumplimiento de los procedimientos que dan garantía a los imputados.

En el Instituto México del Centro Wilson, con sede en Washington, D.C., el diplomático advierte dos transformaciones en el sistema de procuración de justicia en el país. En principio, jueces y autoridades deben aprender todo un nuevo lenguaje que la justicia oral demanda e instruirse sobre las responsabilidades de cada actor, y en segundo lugar, una revolución cultural.

Sobre el público general, expone la necesidad de comprender los beneficios del sistema, así como los procedimientos que demanda. Ello es entender que el debido proceso debe garantizarse para evitar a imputados libres, no por un juicio en sí sino por fallas en las prácticas.

Hasta el momento, en la etapa inicial del sistema procesal penal acusatorio, la PGR registra 12 sentencias condenatorias en juicios orales a nivel federal; 945 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y 890 suspensiones condicionales del procesos, informó la procuradora.

En lo que se refiere a casos de jurisdicción federal, actualmente han sido contabilizados 103 acuerdos repartorios y la PGR ha obtenido más de 18 millones de pesos a favor de las víctimas por concepto de reparación de daños. Es el momento de traducir conceptos en realidades y hacer que los cambios en la ley sean cambios visibles en las instituciones , expresó la procuradora Arely Gómez.

ana.langner@eleconomista.mx

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