No hay prisa porque el Ejército siga en las calles hasta el año 2028: PAN y PRD

Al argumentar que no pretenden el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles, las dirigencias nacionales del PAN y PRD plantearon que no hay prisa para una nueva ampliación hasta 2028 para mantener a los militares en tareas de seguridad pública, e invitaron a Morena, al gobierno y al PRI a trabajar conjuntamente para cambiar la estrategia nacional de seguridad y construir policías civiles sólidas.

Mediante un comunicado conjunto, los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, expresaron coincidir con Morena y el PRI, respecto a que el gobierno debe hacer todo lo necesario para brindar seguridad a las personas y a sus bienes en estricto apego a la Constitución.

Dijeron que “no estamos pidiendo que regresen los militares a los cuarteles. Lo que estamos pidiendo es que se corrija la fallida estrategia de seguridad que ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad y que, como cualquier país democrático en el mundo, México tenga una Policía Nacional civil, bien pagada, equipada y organizada”.

Consideraron que es innecesaria por ahora la prórroga que planteó la diputada priista Yolanda de la Torre, ya que, “no solamente extiende la actuación inconstitucional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, también valida y amplía por cuatro años más, la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno ha trazado y esto potencia por más del doble, dado que serían 4 años más, los desastrosos resultados que hoy se tienen y no hay duda que se pueden anticipar las terribles cifras de homicidios violentos y desapariciones”.

Por ello, PAN y PRD hicieron cinco demandas al gobierno: corregir su estrategia de seguridad; fiscalizar desde ahora, como marca la Constitución, la actuación de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria.

También vigilar que en el plazo constitucional, hasta 2024, se materialice una Guardia Nacional civil; que la primera respondiente en tareas de seguridad sea la Guardia Nacional y que solo participen de forma extraordinaria y complementaria las Fuerzas Armadas.

Como quinta demanda, plantearon que de aquí al 26 de marzo del 2024, que vence el plazo establecido en el decreto del 2019, “trabajemos de manera conjunta para que la Guardia Nacional se transforme y se vaya consolidando en una policía nacional civil, y sólo entonces poder valorar la pertinencia o no de ampliar el plazo constitucional”.

A tiempo de salvar coalición con el PRI, dicen

Asimismo, los dirigentes panista y perredista hicieron un llamado al PRI y a los legisladores de ese partido que respaldan la iniciativa de Yolanda de Torre, “a efecto de que retiren su propuesta de reforma al 5o transitorio constitucional o, en su caso, votar en contra de la propuesta de reforma constitucional al quinto transitorio, con lo cual daríamos tiempo para construir como Coalición una propuesta responsable”.

“Siendo impostergable que de inmediato trabajemos juntos por la seguridad de nuestro país. Para ello se requiere una propuesta real, construida de la mano con la sociedad civil y por la coalición Va Por México, asumiendo la práctica del parlamento abierto, para que se conozcan las preocupaciones de la academia, de expertos en la materia y tener diagnósticos objetivos sobre la situación del sistema de seguridad pública del país, y así poder plantear las respuestas más adecuadas para el mejor funcionamiento de las instituciones de seguridad pública de todo México”, plantearon PAN y PRD.

Finalmente, argumentaron que a tres años y medio se constituyó la Guardia Nacional, ha estado bajo mandos militares y la integran en un 80% personal proveniente de las fuerzas armadas, “y ahora que inconstitucionalmente trasladan la operación y la administración a la Sedena, se ve más lejos la posibilidad de consolidarse como una verdadera policía civil”.

“Además, de poner en un altísimo riesgo a las Fuerzas Armadas por asumir una responsabilidad que no les corresponde -la seguridad pública- lo que origina graves consecuencias por las violaciones al orden constitucional e internacional de su actuación y por los saldos oprobiosos de pérdidas de vidas humanas”, concluyeron.

jorge.monroy@eleconomista.mx