No hay responsables penales por socavón

Ha pasado ya un año desde que un padre con su hijo murieran al caer por un socavón que se abrió de la nada en el kilómetro 93.8 de la carretera México-Cuernavaca, en el llamado Paso Exprés, obra gestionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

A un año de que se suscitara el accidente, la Secretaría de la Función Pública (SFP), encargada de vigilar el actuar de los integrantes de la Administración Pública Federal, anunció el cierre parcial de las investigaciones sobre el socavón en la carretera.

La dependencia a cargo de Arely Gómez González generó 24 procedimientos de sanciones y ha resuelto 21, de los cuales se derivaron los castigos a ocho servidores públicos; siete adscritos a la SCT y uno a la Comisión Nacional del Agua (Conagua); a ninguno de ellos se le fincaron responsabilidades penales.

“Las sanciones, impuestas al amparo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, según el nivel de responsabilidad determinado por esta institución, van desde suspensiones temporales y destituciones, hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos por periodos de tres meses, uno y 10 años”, informó la dependencia.

El 12 de julio del 2017 por la mañana, los ocupantes de un automóvil marca Jetta cayeron por el hoyo que se abrió en el pavimento, de 4 metros de profundidad, mientras iban rumbo a su trabajo.

Las labores de rescate para sacar a los dos hombres del socavón duraron 10 horas, después de las cuales los ocupantes perdieron la vida.

El caso atrajo de inmediato la atención pública. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, responsabilizó horas después de suscitados los hechos a la lluvia y la acumulación de basura, lo que, de acuerdo con su explicación, provocó que el agua se estancara y se reblandeciera el terreno, lo que causó a su vez la abertura en el asfalto.

No obstante, el 22 de agosto Esparza compareció en la Cámara de Diputados ante la Comisión Permanente, en donde cambió la explicación de los hechos al precisar que el consorcio encargado de la construcción del Pasó Exprés, integrado por Aldesa-Epccor, olvidó embovedar el antiguo alcantarillado que pasa por la zona, lo que provocó fugas y en consecuencia el socavón.

Por su parte el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, quien inauguró la obra, acusó de negligencia a la SCT en una comparecencia ante la misma Cámara, el mismo día que lo hizo Esparza.

A los legisladores, el gobernador señaló que el mal estado del Paso Exprés se hizo del conocimiento del titular de la SCT desde un año antes.

El 5 de septiembre del 2017, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción realizó su primera sesión extraordinaria en la que se abordó el tema de los presuntos hechos de cohecho en el Pasó Exprés.

En la sesión, la titular de la SFP, Arely Gómez, indicó que el Órgano Interno de Control de la SCT había iniciado siete investigaciones, dos de las cuales emanaron de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública del 2015 “por pagos en exceso, por diferencia de volúmenes de obra y por no contar con autorizaciones al cambio de proyecto”.

Entre las irregularidades encontradas y anunciadas en aquel entonces se identificó que el proyecto ejecutivo de la obra no fue publicado en el portal Compranet, dispuesto para concentrar toda la información sobre las obras públicas, entre otras más.

Derivado de las investigaciones, la SFP presentó 22 cédulas de observaciones a la SCT por las cuales dio 45 días a la dependencia a cargo de Ruiz Esparza para aclararlas, cuyo plazo concluyó en noviembre del 2017. Fue hasta este domingo que se comunicaron los avances del caso.