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Nuevo censo en desaparecidos, sin cumplir con el estándar internacional
La ONU llamó a que las recomendaciones que emitió se integren en el diseño e implementación de la política nacional en materia de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas en México.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló su preocupación de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se está llevando a cabo por iniciativa de la Presidencia de la República, no cumple con los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Búsqueda y en los estándares internacionales aplicables a la materia.
“No es ejecutado (el Registro) por las autoridades competentes en materia de búsqueda sino por otras instancias; no cuenta con una metodología clara y transparente y mecanismos que permitan la participación de los familiares de las personas desaparecidas; y en cuya implementación se han denunciado actos de revictimización, incluyendo señalamientos contra los familiares de ocultar el paradero de sus seres queridos”, denunció el órgano en las observaciones finales que hizo al país, en su reunión 470, celebrada el pasado 29 de septiembre.
Dicho Comité instó a las autoridades mexicanas a que se garantice la transparencia de la metodología utilizada para la actualización del Registro y que se coordine este proceso a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, con independencia e imparcialidad.
Además, se lee en el documento, México debe establecer mecanismos que promuevan la participación de colectivos de víctimas, evitando su revictimización y protegiendo la seguridad de la información contenida en dicho registro.
Criterios de la SCJN
El Comité de la ONU reiteró sus preocupaciones sobre el hecho de que en la República es limitado el uso de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de desaparición de personas, por parte de las judicaturas inferiores.
El Comité reitera sus preocupaciones por (...) la limitada utilización de los estándares internacionales sobre desaparición forzada y de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de desaparición de personas, por parte de las judicaturas inferiores”, indicó.
La ONU detalló que persisten bajos índices de judicialización de los casos de este tipo de desapariciones en la nación y señaló que, en parte, esto se debe a la presencia de formalismo procesal y a exigencias en cuanto a la calidad de la evidencia presentada, lo que puede llegar a provocar dilación en los procesos judiciales.
También destacó que existe una diversidad de criterios interpretativos, en relación con la norma constitucional que determina la competencia de los tribunales encargados de conocer los casos, lo que llega a generar confusión y retrasos en la administración de justicia.
Debido a esto se recomendó que se establezcan criterios uniformes para determinar la competencia de los tribunales, en relación con los distintos sistemas procesales en el país.
Crisis forense
En el documento se describió que, con base en la información que se recabó, en 2022, el 89%, de los 53,347 cuerpos y/o restos humanos almacenados en anfiteatros, laboratorios y centros de resguardo forense en México, no habían sido identificados.
Se expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no cuenta con un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificaciones Forense, y tampoco existe un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, lo que dificulta la identificación de las personas.
Ante esto, se urgió a México fortalecer las capacidades de los servicios forenses.
Por otro lado, al Comité de Naciones Unidas le preocupó la ausencia de colaboración de la FGR y de las fiscalías locales con la Comisión para el Acceso a la Verdad, en particular, en cuanto al cruce de información, así como sus limitadas acciones para emprender o completar investigaciones formales por desapariciones forzadas de larga data.
El órgano de la ONU concluyó que las desapariciones en México son generalizadas y la impunidad sobre este delito es casi absoluta.
Naciones Unidas instó al gobierno mexicano a que entregue información sobre las acciones que realizó para atender las recomendaciones que emitió a más tardar el “29 de septiembre de 2026 con la intención de realizar el examen en 2027”.
