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Política

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Nuevo sistema penal, a prisa y sin bases

El gobierno federal debe asumir una actitud más realista y distinguir entre aquello que sí se logrará transformar para el 2016 y aquellos otros ámbitos que quedarán pendientes, de cara a la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El gobierno federal debe asumir una actitud más realista y distinguir entre aquello que sí se logrará transformar para el 2016 y aquellos otros ámbitos que quedarán pendientes, de cara a la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) refiere que el gobierno federal parece estar empecinado con la idea de cumplir con dicho límite como sea, cuando tal vez sería más prudente asegurar el establecimiento de las bases de lo que deberá ser una transformación más allá de ese 2016, que es la fecha límite para su total implementación.

Lo urgente consiste en modificar los modelos de trabajo al interior de las instituciones, establecer mecanismos de evaluación y mejora continua, además de desarrollar las competencias necesarias en los operadores. La tentación de conformarse con la foto de un majestuoso o sencillo complejo judicial y un letrero de misión cumplida podría dejar los cambios institucionales de fondo para otro momento. Independientemente de que sí es indispensable la modernización y actualización de la infraestructura física del sistema judicial , refiere el análisis del Centro de Estudio.

El análisis del CIDAC afirma que a diferencia del gobierno federal anterior, encabezado por Felipe Calderón, la administración del priísta Enrique Peña Nieto ha demostrado mucho interés en el tema, a fin de concluir el proceso a tiempo para junio del 2016, prueba de ello, son los más de 7,000 millones de pesos destinados al sector.

Aunque, aclara, el meollo estará en la eficiencia del gasto. La mayor parte del presupuesto se destinará a la construcción de grandes proyectos de infraestructura (salas de justicia, complejos administrativos y demás). Pero levantar edificios no se traduce de forma paralela en una adecuada puesta en marcha de los postulados de la reforma. La correcta implementación del sistema de justicia acusatorio no se producirá por decreto, ni abriendo la billetera al por mayor .

Finalmente, el Centro de Investigación para el Desarrollo propone que para asegurar un verdadero cambio en el nuevo sistema, habrá que realizar ejercicios de evaluación que permitan confrontar los resultados de ambos sistemas. No solo determinar cuántas entidades operan el nuevo sistema, sino cuál es la calidad del mismo, cuánto se han transformado las instituciones, y cómo ha impactado en la confianza de los usuarios. De otra forma, se corre el riesgo de quedarse con las viejas prácticas con nuevos edificios .

veronica.macias@eleconomista.mx

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